España ante el vacío aéreo

Cómo mantener el poder aéreo militar hasta la llegada del caza del futuro

 

Introducción: Un dilema estratégico ineludible

España enfrenta un desafío crítico en su poder aéreo: el desfase creciente entre los calendarios operativos y los programas de nueva generación. El Future Combat Air System (FCAS), concebido como un sistema de sistemas de sexta generación para entrar en servicio hacia 2045-2050, acumula retrasos graves. A enero de 2026, las negociaciones para la fase 2 se han pospuesto indefinidamente debido a disputas industriales entre Francia (Dassault) y Alemania/España (Airbus), con Alemania explorando alternativas como Saab. El demostrador tecnológico no volará antes de 2030 en el mejor caso, y la entrada operativa se desplaza más allá de 2050 en escenarios realistas.

Los conflictos recientes —Ucrania, Gaza, mar Rojo— demuestran que la guerra aérea exige no solo tecnología de alta gama, sino persistencia, masa crítica y tolerancia al desgaste en escenarios prolongados. Para España, la cuestión no es solo el caza de 2050, sino mantener capacidades creíbles entre 2030 y 2045 frente a amenazas regionales crecientes.

No basta con esperar pasivamente al “avión perfecto” ni confiar exclusivamente en el Eurofighter. España necesita una estrategia puente robusta que combine la adquisición adicional de Eurofighter —ya en marcha con los proyectos Halcón— con una extensión de vida útil (SLEP) y especialización doctrinal de la flota peninsular de EF-18M, preservando experiencia piloto y autonomía logística.

España no necesita el Leopard 2A8...Ni el MGCS

Por qué el debate sobre carros de combate en España está mal planteado desde el principio

 

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años se ha instalado en el debate de defensa español una idea que apenas se discute: que España necesita imperiosamente adquirir el Leopard 2A8 y participar sin ambages en el futuro carro franco-alemán MGCS para no quedarse atrás militarmente, para cumplir con la OTAN y para “seguir siendo un país serio”.

Cuestionar esa premisa suele provocar reacciones viscerales. Se confunde la crítica al carro de combate como sistema con una supuesta ingenuidad pacifista o, peor aún, con desinterés por la defensa nacional. Sin embargo, el problema no es el carro, sino la ausencia de una reflexión estratégica española propia sobre para qué, dónde y contra quién se emplearía.

Este artículo sostiene una tesis incómoda pero necesaria: España no necesita el Leopard 2A8 para defender sus intereses vitales. Tampoco necesita el MGCS. Y lo más grave no es comprarlos, sino hacerlo sin haber respondido antes a las preguntas correctas.

El renacer de la fuerza submarina española

Una estrategia para 2050

INTRODUCCIÓN

Tras superar el aprendizaje industrial del S-80, la Armada debe evolucionar de la mera recuperación de capacidades en su fuerza submarina, al liderazgo en negación de área mediante la revolución de las baterías de estado sólido (SSB) en la futura clase S-90.

     S-81 Isaac Peral

Para ello se desarrolla esta estrategia 2025-2050, articulada en dos ejes: la consolidación del S-80 Block II como puente tecnológico y el salto disruptivo al S-90, una plataforma 100% eléctrica concebida para consolidar a España como referente europeo en submarinos convencionales avanzados y pilar fundamental del flanco sur de la OTAN. El objetivo es garantizar una soberanía industrial letal y autónoma en el complejo escenario del Mediterráneo y el Atlántico.

Estrategia española de enclaves avanzados

Una presencia persistente y discreta en el Norte de África

Introducción

Los enclaves españoles en el Norte de África —islotes y peñascos de dimensiones reducidas pero profunda carga simbólica— han sido gestionados históricamente como una anomalía heredada. Bajo una doctrina de perfil bajo, España confió en que la estabilidad regional y la superioridad militar convencional bastarían para preservar su soberanía. Sin embargo, este paradigma ha caducado ante la emergencia de un entorno estratégico en el Mediterráneo occidental marcado por la presión híbrida y el uso deliberado de la ambigüedad.

En la actualidad, la falta de capacidades funcionales en ciertos territorios no disminuye el riesgo de conflicto; por el contrario, genera una vulnerabilidad que favorece la aparición y explotación de "zonas grises". Este artículo sostiene que, en el siglo XXI, la defensa de la soberanía ya no depende únicamente del uso de la fuerza: requiere una presencia persistente y una elevada conciencia situacional. Los enclaves deben dejar de concebirse como reliquias pasivas y ser entendidos como nodos avanzados dentro de una red de información capaz de anticipar desafíos y fortalecer la disuasión sin recurrir a una escalada militar visible.

El propósito de esta entrada es proponer una estrategia española de enclaves avanzados que, inspirándose en los modelos de Francia e Israel, se adapte a las particularidades españolas. La propuesta aboga por una presencia discreta pero tecnológicamente robusta, basada en la dualidad civil-militar y la integración en red. El objetivo final es transformar estos activos, tradicionalmente aislados, en centinelas estratégicos que normalicen la presencia estatal y reduzcan el margen de maniobra de cualquier actor que pretenda cuestionar la integridad territorial española.

El horizonte de la artillería española

¿Eficacia industrial o excelencia tecnológica?

 

INTRODUCCIÓN

En el primer trimestre de 2026, el Ejército de Tierra español afronta un punto de inflexión crítico en su arquitectura de fuegos. La reciente adjudicación de los programas ATP Cadenas y ATP Ruedas a la unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano, valorada en 7.240 millones de euros, representa mucho más que una simple renovación de inventario. Esta inversión surge como la respuesta necesaria a la obsolescencia de los sistemas M109A5 y a las lecciones extraídas de la guerra de alta intensidad en Ucrania, donde la artillería ha recuperado su papel como "Reina de la Batalla".

España no toma esta decisión en un vacío estratégico ni presupuestario. A diferencia de potencias industriales como Alemania o Francia, el Ejército de Tierra debe modernizar su artillería bajo fuertes restricciones de personal, con un historial de inversión irregular y con compromisos simultáneos en el flanco sur, el marco OTAN y la defensa del territorio nacional extrapeninsular. En este contexto, la variable decisiva no es únicamente la excelencia tecnológica, sino la capacidad de generar masa artillera sostenible en el tiempo, con sistemas que puedan mantenerse operativos durante conflictos prolongados sin depender de cadenas logísticas frágiles o ciclos industriales saturados

Sin embargo, este proceso de modernización no está exento de obstáculos. El despliegue operativo enfrenta un riesgo de parálisis debido al litigio judicial interpuesto por GDELS-Santa Bárbara Sistemas, lo que podría comprometer los plazos de entrega. En este escenario, España debe decidir entre la excelencia tecnológica europea y la eficiencia industrial coreana, buscando plataformas que garanticen no solo potencia de fuego y movilidad "shoot-and-scoot", sino también una sostenibilidad logística real en conflictos de desgaste prolongado

El dilema espacial de España en 2035

Autonomía estratégica o irrelevancia operativa

 

Introducción

En el horizonte de 2035, España se enfrenta a una decisión estratégica que no es tecnológica, sino política en su sentido más profundo: aspirar a una autonomía estratégica real como potencia media regional o aceptar un papel estructuralmente dependiente, aunque bien equipado, dentro de los marcos aliados. Durante décadas, la política de defensa española ha descansado sobre un supuesto tácito: la integración aliada —en particular en el marco de la OTAN y la Unión Europea— compensaría cualquier déficit nacional en ámbitos críticos como inteligencia, mando y control o acceso al espacio. Este enfoque fue funcional en un entorno caracterizado por supremacía occidental, abundancia relativa de capacidades compartidas y crisis limitadas en intensidad, duración y simultaneidad. Ese entorno ya no existe.

Las operaciones aliadas de las últimas décadas ilustran bien esta dependencia estructural: desde el peso determinante de los sistemas de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) y AWACS OTAN en Libia 2011 hasta la centralidad de capacidades espaciales estadounidenses en conflictos más recientes, la autonomía decisoria real de muchos aliados europeos ha estado condicionada por su acceso a información, navegación y comunicaciones críticas. En un contexto de multipolaridad, congestión del dominio espacial y competencia estratégica persistente, esa dependencia deja de ser neutra. El espacio se ha convertido en el sustrato operativo que determina qué Estados conservan margen de decisión bajo presión y cuáles se limitan a ejecutar decisiones ajenas.

El dilema que se plantea a España no es si cooperar o no —la cooperación es inevitable—, sino desde qué posición hacerlo. Sin un umbral mínimo de soberanía espacial, la integración aliada, valiosa en cooperación plena, puede derivar en dependencia funcional, erosionando credibilidad, influencia y libertad de acción en escenarios donde los intereses nacionales no coincidan plenamente con las prioridades de terceros. Este dilema estructural atraviesa todo el debate estratégico español hacia 2035. 

El Túnel del Estrecho: Anatomía de una trampa estratégica

Por qué a España no le conviene apoyarlo, y cómo debe gestionarlo sin conflicto

Introducción: Una conclusión incómoda pero necesaria

El proyecto del Túnel del Estrecho —una conexión ferroviaria de 40 km entre Punta Paloma (España) y Cabo Malabata (Marruecos)— resurge cíclicamente como la "obra del siglo". Presentado como un hito de integración euroafricana, cada reaparición viene acompañada de una retórica política optimista y estudios que subrayan sus supuestos beneficios económicos, reavivando una promesa de cooperación que nunca termina de materializarse.

Sin embargo, cuando se despoja al proyecto de su envoltorio diplomático y se analiza bajo la lente de la seguridad nacional y la alta estrategia, emerge una paradoja inquietante: todos los actores reconocen riesgos estructurales y asimetrías de poder profundas, pero pocos se atreven a formular la conclusión lógica.