El Sahel en llamas

Por qué el epicentro del terrorismo mundial está a 450 millas de Canarias

 

INTRODUCCIÓN

En 2025, el Sahel concentró más de la mitad de las muertes por terrorismo del mundo. No es ya una periferia inestable, sino el principal centro de gravedad de la violencia yihadista global; un centro que está más cerca de Canarias de lo que la mayoría de los análisis europeos admite. La distancia en línea recta entre Nuadibú, en la costa mauritana y Fuerteventura ronda las 450 millas náuticas, menos que la distancia por carretera entre Madrid y Barcelona. Lo que sigue no es un ejercicio de alarmismo; es un intento de cuantificar una amenaza que ya se proyecta sobre el flanco atlántico español.

Mapa conceptual generado con asistencia de IA y editado por el autor. Elaboración propia a partir de datos de GTI 2026 (IEP), ACLED, International Crisis Group y GI-TOC. No es una representación cartográfica de precisión.

 

El nuevo centro de gravedad del terrorismo

Hace poco más de una década, el epicentro del terrorismo global estaba en Oriente Medio. El autodenominado Estado Islámico controlaba un territorio del tamaño de Gran Bretaña entre Siria e Irak y el mundo árabe concentraba la mayor parte de la violencia yihadista. Ese mapa ha cambiado de forma radical.

Según el Global Terrorism Index (GTI) 2026, publicado en marzo de 2026 por el Institute for Economics and Peace, las muertes globales por terrorismo cayeron un 28 por ciento en 2025, hasta las 5.582 víctimas en 2.944 incidentes. Es la cifra más baja desde que existe el índice. El descenso obedece sobre todo al hundimiento del terrorismo en Oriente Medio, donde las muertes han caído un 95 por ciento en la última década y a mejoras parciales en varios países. Pero ese alivio global coexiste con una concentración geográfica cada vez más extrema. El Sahel acaparó más de la mitad de todas las muertes por terrorismo en 2025; en 2007, esa proporción era inferior al uno por ciento. El terrorismo no disminuye; se desplaza. Y se proyecta sobre el flanco atlántico europeo.

La desestabilización resultante no es un fenómeno local africano. Es un sistema que se proyecta sobre Europa occidental a través de tres vectores distintos pero conectados, que este artículo analizará por separado. El primero es la insurgencia yihadista y su expansión hacia la costa atlántica. El segundo, la economía criminal del narcotráfico que la financia. El tercero, la presión migratoria estructural que ambos agravan.

Las cifras por país son elocuentes. Pakistán desplazó a Burkina Faso como el país más afectado del índice, con 1.139 muertos y 1.045 incidentes, impulsado por la escalada del Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), la principal insurgencia que opera contra el Estado pakistaní desde las áreas tribales fronterizas con Afganistán. Pero tras él, los países sahelianos dominan la tabla. Burkina Faso, número uno en 2023 y 2024, registró la mayor caída absoluta del año (686 muertes menos, un 45 por ciento), aunque la letalidad por ataque aumentó hasta 14,3 muertes por incidente. Menos ataques, más mortíferos; no es pacificación, sino un cambio de fase que se analizará más adelante. Níger se situó en tercer lugar, con su peor posición histórica en el índice pese a un descenso respecto al pico de 2024. Nigeria ascendió al cuarto puesto con el mayor incremento absoluto del año, 237 muertes más, un aumento del 46 por ciento. Malí completó el quinteto. En conjunto, cinco países acapararon casi el 70 por ciento de todas las muertes por terrorismo en el mundo; seis de los diez más afectados están en el África subsahariana.

Detrás de estos números operan dos organizaciones rivales que compiten por territorio, recursos y legitimidad yihadista. La primera es Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), coalición afiliada a Al Qaeda nacida en 2017 de la fusión de cuatro grupos preexistentes (Ansar Dine, al-Mourabitoun, el Frente de Liberación de Macina y la rama sahariana de Al Qaeda en el Magreb Islámico). JNIM fue el segundo grupo terrorista más letal del mundo en 2025, con 1.274 muertos en 147 incidentes repartidos en cuatro países; solo en Burkina Faso causó 755 muertes, con una media de 16 víctimas por incidente. La segunda organización es el Estado Islámico en la Provincia del Sahel (IS-SP, también referido en fuentes anteriores como Estado Islámico en el Gran Sáhara o EIGS; la nomenclatura varía según las fuentes). Su actividad en el África subsahariana casi se duplicó durante 2025, pasando de 111 a 221 incidentes, mientras sus operaciones en Oriente Medio caían un 39 por ciento. Ambos grupos rivalizan por territorio y lealtades, pero a veces convergen tácticamente contra las fuerzas estatales, lo que complica cualquier estrategia de interdicción (intercepción y desarticulación de redes armadas).

Pero el dato más relevante para un lector europeo no es la magnitud absoluta de la violencia, sino su dirección.

 

De la insurgencia interior al corredor sahelo-costero

Durante años, la insurgencia yihadista se concentró en la zona de las tres fronteras, el Liptako-Gourma, donde convergen Malí, Burkina Faso y Níger. Era un problema interior, continental, alejado de las costas; pero esa percepción ya no es sostenible. Conviene distinguir aquí entre el Sahel estricto, la franja semiárida entre el Sáhara y la sabana y lo que podemos llamar el corredor sahelo-costero, es decir, el espacio que conecta las zonas insurgentes del interior con los estados litorales del Golfo de Guinea. Es en ese corredor donde la amenaza cambia de naturaleza.

JNIM ha emprendido una expansión sistemática hacia los estados costeros. El International Crisis Group documentó en febrero de 2026 que, entre su fundación en 2017 y finales de 2025, la organización acumulaba 16.023 incidentes violentos y 39.850 muertes en cinco países. En noviembre de 2025 reivindicó su primer atentado en Nigeria, en el estado de Kwara. Opera ya en un arco que se extiende más de 1.200 kilómetros de este a oeste.

Benín ilustra con mayor claridad esta progresión. El número de ataques en el norte del país pasó de 22 en 2021 a 176 en 2024, según el Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), la principal base de datos mundial de eventos de conflicto armado. En abril de 2025, JNIM ejecutó su ataque más mortífero en suelo beninés y mató a 54 soldados en una posición militar del Parque W. El GTI 2026 registra un incremento de 61 muertes en Benín respecto al año anterior, una de las mayores subidas del mundo. Togo acumuló en 2024 su peor año de terrorismo, con 52 muertos concentrados en la franja fronteriza con Burkina Faso. La expansión no es una constante lineal; su éxito depende de la capacidad de respuesta de los estados costeros. Benín ha reforzado su ejército (8.200 soldados en primera línea a principios de 2025, según fuentes abiertas), ha creado unidades especializadas y ha intensificado la cooperación bilateral con Francia y Estados Unidos. Pero estos esfuerzos no han logrado revertir la tendencia.

La salida de la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental) por parte de la Alianza de Estados del Sahel (AES, el bloque formado por las juntas de Malí, Burkina Faso y Níger) en enero de 2025 ha cegado los canales de inteligencia compartida que permitían cierta coordinación transfronteriza. La consolidación de la AES como bloque antioccidental crea una discontinuidad de seguridad en el flanco sur y desplaza el peso de cualquier cooperación europea hacia los países de la “segunda línea”, fundamentalmente Mauritania, Senegal y Costa de Marfil.

La lógica de la expansión tiene raíces internas. Las áreas fronterizas de Benín y Togo presentan las mismas condiciones que originaron la insurgencia en Malí una década atrás: gobernanza débil, comunidades marginadas, fronteras porosas y parques naturales que funcionan como corredores sin presencia estatal. El complejo de parques W-Arly-Pendjari, un conjunto de áreas protegidas compartido por tres países, se ha convertido en santuario de grupos armados. Los combatientes locales de JNIM buscan nuevas zonas de reclutamiento, recursos económicos y profundidad territorial; la expansión hacia el litoral les ofrece acceso a economías más dinámicas y a una retaguardia menos vigilada. El Crisis Group, sin embargo, matiza que la cúpula de JNIM considera los estados costeros secundarios frente al Sahel nuclear y que la tensión entre dirigentes y combatientes de base sobre la velocidad de expansión pone a prueba la cohesión interna del grupo.

El propio GTI 2026 advierte que las mejoras estadísticas registradas en el Sahel durante 2025 enmascaran un fenómeno más profundo. JNIM bloqueó el transporte de combustible hacia Bamako a lo largo de 2025, atacando cisternas y convoyes en los corredores desde Senegal y Costa de Marfil y provocó escasez y alzas de precios en la capital maliense. El patrón recuerda al ISIS en 2013-2014, cuando redujo la violencia indiscriminada para imponer estructuras de gobierno antes de declarar el califato, o a los talibanes en las provincias afganas que controlaron durante años antes de tomar Kabul en 2021. No son analogías exactas, pero el mecanismo es reconocible. Menos terror, más control.

El informe del Africa Center for Strategic Studies de abril de 2026 complementa esta lectura con una escala continental. Las casi 24.000 muertes vinculadas a grupos islamistas en África durante 2025, un 24 por ciento más que el año anterior, reflejan una escalada sostenida en prácticamente todos los teatros operativos del continente. La cifra total de eventos violentos (8.375) fue la más alta jamás registrada.

 

Cocaína, peajes armados y colapso institucional

El terrorismo en el Sahel no se sostiene solo con ideología. Se sostiene con dinero y una parte sustancial de ese dinero procede del tráfico de cocaína.

La costa atlántica de África Occidental se ha consolidado como corredor estratégico del narcotráfico transatlántico. Al menos el 30 por ciento de la cocaína destinada a Europa transita por la región, según la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), una red de expertos dedicada al análisis del crimen organizado global. Los puertos de Guinea-Bisáu, Senegal, Cabo Verde y Guinea-Conakri reciben cargamentos procedentes de Brasil, Surinam y Guyana, transportados en contenedores, pesqueros, veleros de recreo y vuelos privados. Desde esos puntos de entrada, la droga se redistribuye hacia el norte por vía marítima, hacia puertos del Mediterráneo y la Península Ibérica y por vía terrestre, a través del Sahel rumbo a Libia, el Magreb y Europa.

Las cifras de incautación dan una medida del flujo, aunque parcial. Solo en 2024, Cabo Verde, Guinea-Bisáu y Senegal interceptaron conjuntamente 4,5 toneladas métricas de cocaína; Marruecos decomisó otras 1,5 toneladas. En marzo de 2025, Ghana incautó 4,5 toneladas en pocas semanas, el mayor alijo de su historia. GI-TOC advierte de que las incautaciones reflejan más la mejora de los sistemas de interdicción que la dimensión real del mercado.

La relación entre narcotráfico y grupos yihadistas requiere matiz. JNIM no opera como un cártel ni se implica directamente en el transporte de droga; hacerlo le alienaría a las poblaciones locales cuya lealtad necesita. Lo que hace es más sutil y, a efectos prácticos, igual de eficaz. Impone tasas de tránsito, ofrece protección armada a cambio de pagos y controla los puntos de paso en las rutas terrestres sahélicas. Es un modelo de economía de protección simbiótica, en el que el grupo insurgente proporciona orden en un espacio sin Estado y el traficante paga por utilizar ese orden. Los ingresos resultantes financian armas, reclutamiento y redes de lealtad. En la práctica, combatir los flujos ilícitos y combatir el terrorismo son operaciones indisociables.

Guinea-Bisáu ilustra la convergencia entre fragilidad estatal, narcotráfico y violencia política. El 26 de noviembre de 2025, un golpe de Estado militar derrocó al presidente Umaro Sissoco Embaló, apenas tres días después de unas elecciones generales. Los propios golpistas denunciaron vínculos entre el presidente, ciertos políticos y redes de narcotráfico; la Unión Africana y la CEDEAO suspendieron al país. Guinea-Bisáu, que ha sufrido cuatro golpes exitosos y múltiples intentonas desde su independencia de Portugal en 1974, volvió a quedar sometida a una junta militar cuya legitimidad y capacidad de contener el tráfico resultan, como mínimo, dudosas. Su ubicación en la costa atlántica la convierte en un nodo crítico de la ruta de la cocaína hacia Europa y cada colapso institucional refuerza la impunidad de las redes que operan desde su territorio.

El corredor Mauritania-Senegal-Guinea-Bisáu funciona como arteria principal del narcotráfico transatlántico. Desde 2019, grupos criminales de los Balcanes occidentales (albaneses y serbios) se han instalado en estos países y han establecido alianzas con el cártel brasileño Primeiro Comando da Capital y con organizaciones holandesas para gestionar envíos multimillonarios. África Occidental ya no es un punto de tránsito periférico; es un nodo estructural de las cadenas de suministro globales de cocaína.

 

Por qué España ya está dentro de esta ecuación

Se podría argumentar que todo lo anterior es un problema africano. La cadena de transmisión que conecta el Sahel con el territorio español opera, sin embargo, a través de tres vectores diferenciados. No son equivalentes ni intercambiables, pero convergen sobre el mismo espacio geográfico.

El primer vector es migratorio. En 2024, casi 47.000 personas llegaron de forma irregular a las Islas Canarias, la cifra más alta registrada. Las llegadas en 2025 se redujeron de forma notable, con un descenso de más del 50 por ciento hasta agosto según Frontex, atribuido al refuerzo de los controles costeros y a la cooperación con Mauritania y Senegal. Nuakchot intensificó las expulsiones de migrantes en tránsito (la ONU estimó que más de 30.000 personas se vieron afectadas en 2025), un paliativo eficaz a corto plazo, pero que depende de la voluntad política de un solo gobierno y que ya está generando desvíos hacia rutas alternativas por Senegal y Gambia. Frontex advirtió que la presión estructural no ha desaparecido, dado que la población de África Occidental pasará de 400 a 600 millones entre 2025 y 2040. El descenso de 2025, así pues, no obedece a que las causas profundas hayan mejorado; obedece a medidas de contención que pueden revertirse.

El segundo vector es criminal. La cocaína que transita por África Occidental tiene como destino final el mercado europeo y España es uno de sus principales puntos de entrada. El Estrecho de Gibraltar y la fachada atlántica peninsular son zonas de desembarco habituales. Desarticular las redes en origen resulta más eficaz y menos costoso que interceptar alijos en alta mar o desmontar organizaciones una vez implantadas en territorio europeo.

El tercer vector es terrorista. El riesgo principal actual para España no es hoy una operación compleja planificada desde el Sahel, sino la inspiración, la radicalización acelerada y los actores solitarios. El GTI 2026 documenta que las muertes por terrorismo en Occidente (Europa y Norteamérica agregadas) aumentaron un 280 por ciento en 2025, aunque partiendo de una base baja, con 57 muertes frente a las 15 del año anterior. Los menores y adolescentes representaron el 42 por ciento de todas las investigaciones relacionadas con terrorismo en ese ámbito geográfico, un incremento del triple respecto a 2021, según el índice. El tiempo medio de radicalización se ha contraído de 18 meses en 2005 a semanas en la actualidad, impulsado por la propaganda de formato corto y la amplificación algorítmica. De esta manera, el Sahel se ha convertido hoy en el principal generador de contenido propagandístico yihadista y las redes de reclutamiento que operan en Europa mantienen conexiones con las organizaciones activas en Malí, Burkina Faso y Níger.

Los tres vectores son distintos en su mecanismo y en su respuesta. La presión migratoria requiere cooperación al desarrollo y acuerdos bilaterales; el narcotráfico exige interdicción marítima e inteligencia criminal; y la amenaza terrorista demanda vigilancia, contrainteligencia y acción indirecta en origen. Pero los tres se originan en el mismo arco de inestabilidad y convergen sobre el mismo espacio, Canarias, el Estrecho y la costa peninsular. Tratarlos por separado en la ejecución es correcto; ignorar su origen común sería un error de diagnóstico.

 

La objeción y su respuesta

La objeción más frecuente a este diagnóstico es predecible. “El Sahel es un problema africano. Europa no puede ni debe resolver los conflictos internos de países soberanos. Y España, menos aún.” La objeción tiene una parte legítima. España no debe pretender estabilizar el Sahel por la fuerza, repetir el modelo francés de Barkhane ni embarcarse en aventuras expedicionarias sin mandato, aliados ni estrategia de salida.

Pero la premisa de que el Sahel es un problema ajeno resulta empíricamente insostenible. Los flujos que genera la inestabilidad saheliana ya impactan en territorio nacional de forma medible, en llegadas a Canarias, en cocaína decomisada en puertos peninsulares, en alertas del CNI y en la presión sobre los servicios sociales del archipiélago. La distancia geográfica no equivale a distancia estratégica.

La alternativa a la acción no es la inacción; es la cesión a otros de la iniciativa. Si España no proyecta influencia donde nacen las amenazas, otros lo harán con modelos que perjudican directamente sus intereses. Rusia, a través de su Africa Corps, ofrece seguridad de régimen a las juntas sahelianas sin condicionalidad democrática, pero sus tácticas contrainsurgentes están generando más reclutamiento yihadista del que eliminan. El 71 por ciento de los reclutas de grupos extremistas en el África subsahariana citan los abusos de las fuerzas de seguridad estatales como detonante de su incorporación, según el propio GTI 2026. Las muertes de civiles a manos de fuerzas gubernamentales y milicias aliadas en Malí y Burkina Faso superan, desde 2023, a las causadas por los propios grupos islamistas, según el Africa Center. La espiral es, por ahora, autoalimentada.

Ante todo esto, Mauritania y Senegal permanecen como los dos últimos socios prooccidentales de la franja, pero están sometidos a presión creciente. Si estos diques ceden, la inestabilidad no se detendrá en sus fronteras.

 

Un cambio de fase, no una mejora

Hay una tendencia que las estadísticas del GTI 2026 ocultan por su propia naturaleza agregada. El propio informe lo reconoce al señalar que las mejoras registradas en el Sahel durante 2025 pueden resultar “un alivio temporal, no el comienzo de una tendencia sostenida a la baja”. Los datos desagregados apuntan en la misma dirección.

En Burkina Faso, las muertes de policías y soldados aumentaron de 419 a 643 entre 2024 y 2025, y la letalidad por ataque contra fuerzas de seguridad pasó de 10,5 a 18,9 muertes por incidente. Las bajas civiles, en cambio, cayeron un 84 por ciento. JNIM capturó 235 rehenes en 2025, casi el 11 por ciento de todos los secuestrados en el mundo ese año, la mayoría militares. El patrón no sugiere pacificación, sino que los grupos insurgentes están seleccionando blancos con criterio político. Atacan al Estado y a sus fuerzas mientras evitan alienar a la población civil de la que dependen para gobernar los territorios que controlan.

El Africa Center for Strategic Studies estimó en abril de 2026 que unos 950.000 kilómetros cuadrados de territorios poblados en África están fuera de control gubernamental a causa de insurgencias islamistas, una superficie equivalente a la de Tanzania. Esa cifra, más que ninguna estadística de víctimas, captura la magnitud del problema. No estamos ante una amenaza puntual, sino ante la erosión sostenida de la soberanía estatal en un arco que se extiende desde el interior del Sahel hasta la costa atlántica.

El factor demográfico agrava la ecuación sin que ninguna operación militar pueda alterarlo. Níger tiene una tasa de fecundidad media de entre seis y siete hijos por mujer. La población joven, sin empleo ni perspectivas, constituye la base social sobre la que reclutan los grupos armados, y el cambio climático intensifica la competencia por tierras cultivables y recursos hídricos, exacerbando conflictos intercomunales que los yihadistas explotan para insertarse en el tejido social. Las proyecciones demográficas son inequívocas. La presión desde el Sahel hacia Europa no es un fenómeno cíclico; es una tendencia estructural de varias décadas.

 

CONCLUSIÓN

España no necesita dominar el Sahel. Lo que no puede permitirse es ignorar que la zona de mayor concentración de violencia terrorista del planeta se extiende hacia su flanco atlántico inmediato.

Tres prioridades se derivan de este diagnóstico: reforzar la cooperación de inteligencia y vigilancia marítima con Mauritania y Senegal, los últimos socios prooccidentales de la franja; integrar la interdicción criminal y el contraterrorismo en un mismo marco operativo; y anticipar la radicalización de bajo umbral que ya se alimenta de la propaganda generada en el Sahel. En próximos artículos se analizará cada una de ellas, así como la pregunta previa, ¿quién está llenando el vacío que Europa deja al retirarse?