El 2% y la pérdida silenciosa de capacidad
En marzo de 2026, el secretario
general de la OTAN, Mark Rutte, presentó el informe anual de gasto en defensa
con una noticia aparentemente buena para España: por primera vez desde que se
fijó el objetivo en la cumbre de Gales de 2014, todos los aliados —incluida
España— han alcanzado el umbral del 2% del PIB en gasto militar.
Las autoridades españolas
celebraron el hito como prueba del compromiso con la seguridad colectiva.
España destina más a defensa que trece países de la OTAN. Todo cierto. Y todo,
en el fondo, irrelevante.
Porque la pregunta que nadie
quiere responder no es cuánto gastamos, sino en qué lo gastamos, cómo
lo gastamos y si ese gasto se traduce en capacidad militar real. En jerga OTAN,
el 2% es un input; lo que importa son los outputs, los capability
targets, las capacidades concretas que un país puede generar y sostener. Un
país puede cumplir el 2% y, aun así, perder capacidad militar año tras año.
España es un caso cercano a ese escenario. Y cuando se examinan los números con
rigor, el panorama que emerge es el de un presupuesto diseñado para cumplir
objetivos políticos más que para producir una fuerza armada capaz de defender a
España.
1. El 2% que no es 2%
España declaró a la OTAN un gasto
de 33.920 millones de dólares en 2025, equivalente al 2,00% del PIB estimado.
Cumplimos por la mínima —literalmente, por menos de 200 millones de euros de
margen—, empatados en el furgón de cola con Albania, Bélgica, Canadá y
Portugal.
Pero esa cifra merece escrutinio.
Del incremento extraordinario de 10.471 millones de euros aprobado en abril de
2025 mediante el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa,
aproximadamente 4.500 millones corresponden a préstamos del Ministerio de
Industria a empresas del sector. Los criterios OTAN permiten imputar ciertos
gastos de I+D militar financiados por otros ministerios, pero el problema
español no es el criterio, sino la proporción, ya que casi la mitad del
incremento extraordinario son créditos reembolsables —dinero que las empresas
devolverán—, no gasto ejecutado por el Ministerio de Defensa. Si restásemos esa
cantidad, el porcentaje real de gasto sobre PIB caería al entorno del 1,5%.
La OTAN, pragmática, ha preferido
no cuestionar la contabilidad de un aliado que por fin alcanza el umbral. Pero
los aliados más exigentes —y los adversarios potenciales— saben que el 2%
español tiene una calidad distinta al 2% de otros países.
Con todo, hay que reconocer que
el salto de 2025 es el mayor incremento presupuestario en décadas. El Plan
Industrial ha movilizado a la industria nacional —Airbus, Navantia, Indra,
Escribano—. El problema no es que España haya aumentado el gasto; es cómo lo
ha priorizado.
2. Anatomía del gasto español
El presupuesto de defensa español
se distribuye, según la metodología OTAN para 2025, aproximadamente así: un
37-38% en personal (salarios, pensiones, formación), un 44% oficial en
equipamiento —cifra inflada por los préstamos industriales, más cercana al 32%
real—, un 1% en infraestructuras y un 17% en otros conceptos. A primera vista,
el 44% en equipamiento parece razonable. Pero oculta varios problemas
estructurales.
El peso del personal. Con
casi el 38% del presupuesto dedicado a nóminas, España tiene menos margen de
inversión que países con modelos de reservas más amplios. Así, Polonia, por
ejemplo, con un gasto absoluto prácticamente idéntico al español (33.292
millones de euros frente a nuestros 33.920, según las cifras nacionales
comunicadas), destina solo el 30% a personal y más del 50% a equipamiento real.
Parte de la explicación es estructural, pues Polonia se apoya en un sistema de
defensa territorial que abarata el coste unitario de personal, mientras España
asume los costes de un ejército 100% profesional sin apenas reservas. Pero la
consecuencia es la misma; cada euro español compra menos capacidad operativa.
Los Programas Especiales de
Armamento (PEAS). Desde los años noventa se han aprobado 46 PEAS por un
importe total de unos 68.800 millones de euros, a ejecutar hasta 2037. Estos
programas son necesarios, pero la dotación presupuestaria anual es
sistemáticamente insuficiente para el ritmo de pagos comprometido. El propio
CESEDEN y la IGAE han calificado de “insuficientes» los créditos anuales
ordinarios. El resultado es un ciclo perpetuo de ampliaciones de crédito,
financiación extraordinaria y retrasos en entregas.
El “efecto espejismo” del 2%.
El gran peligro del mensaje oficial es decir que “estamos aumentando el gasto
como nunca”. Es cierto en la cifra, pero falso en el efecto. Ese dinero se está
yendo en algunos casos a pagar deudas de PEAS de hace veinte años, a mantener
operativo material de 45 años —que cuesta más que uno nuevo— y a comprar unas
pocas unidades de élite como la F-111 cuando lo que se necesita es una flota
funcional. El 2% no es para crecer; es para no quebrar. Ese 32% real destinado
a equipamiento no se traduce en nuevos outputs; se consume en tapar
agujeros financieros de programas antiguos.
La conclusión estructural es
clara: España prioriza sostenimiento sobre generación de nuevas capacidades.
Mantener lo que hay —viejo, escaso, estirado— consume casi todo el presupuesto.
No queda margen para lo que falta.
3. El espejo más incómodo: nosotros mismos hace veinte años
Basta comparar las Fuerzas
Armadas españolas de hoy con las de hace dos décadas para entender la magnitud
del problema. El resultado es desolador.
La Armada operaba ocho submarinos
a principios de siglo; hoy tiene dos operativos. El portaaviones Príncipe de
Asturias fue dado de baja en 2013 sin verdadero sustituto. Las fragatas
F-80 clase Santa María, diseñadas en los años 70, siguen en servicio décadas
después de su vida útil prevista, y se
prevé estirar su vida operativa aún más tiempo. Los cazaminas han pasado de
doce a seis, envejecidos.
Quizá el ejemplo más dramático de
pérdida de soberanía sea la patrulla marítima. En 2005, España operaba P-3
Orion modernizados con capacidad real de vigilancia oceánica y lucha
antisubmarina. Podíamos vigilar desde el Estrecho hasta más allá de Canarias.
Éramos un referente en el Atlántico. El último P-3 se jubiló a finales de 2022.
El sustituto —el C-295 MPA— es un avión capaz pero de menor alcance. Hemos
pasado de las grandes ligas de la vigilancia oceánica a pedir ayuda a aliados
para saber qué pasa bajo nuestras propias aguas. Y en guerra electrónica, el
Boeing 707 “Reina del Espectro” —nuestra plataforma de inteligencia
electrónica— fue dado de baja sin reemplazo y durante una década hemos operado
a ciegas en un entorno donde la guerra electrónica lo es todo.
En tierra, los BMR entraron en
servicio en 1979, siguen siendo el transporte de tropas más numeroso del
Ejército cuarenta y seis años después, y aún no se ha considera siquiera su más
que necesario reemplazo. Los M-113 fueron declarados en “obsolescencia
total” por el propio JEME, pero siguen operando porque el VCR 8x8 Dragón
acumula quince años de retraso. Los Leopard 2E carecen de protección activa
(APS), ya estándar en ejércitos modernos. La artillería de cohetes Teruel
—nuestro único sistema MLRS— fue retirada en 2011 sin reemplazo, y su programa
relevo, el SILAM, fue anulado en septiembre de 2025 y está siendo reorientado,
mientras Marruecos opera 18 HIMARS.
En el aire, los F-18A Hornet
necesitarán extensiones de vida operativa ante
el vacío aéreo que se avecina, hasta que llegue un sustituto que no será el
FCAS, previsto para 2040 como muy pronto, si es que finalmente el programa se suspende, posibilidad ante la que seguimos
sin alternativa. Los helicópteros Tigre acumulan problemas
crónicos de disponibilidad. Los drones Reaper operan sin armamento y en
número mínimo.
En profundidad humana, España
suprimió el servicio militar obligatorio en 2001 sin construir un sistema
de reservas operativas serio. Veinticinco años después, apenas sumamos
13.000-15.000 reservistas voluntarios, mientras Polonia mantiene 150.000. En
municiones, los stocks se estiman en días de combate, no en semanas.
España no ha reducido su ambición
estratégica; ha reducido la base material para sostenerla. Hemos mantenido
plataformas más allá de su vida útil, retrasado programas de sustitución,
reducido series de adquisición y eliminado capacidades completas sin reemplazo
durante años. Esto es lo que el gasto crónicamente bajo —por debajo del 1,5%
del PIB durante décadas— ha producido; no una fuerza moderna, sino el
mantenimiento cada vez más precario de una fuerza diseñada para la Guerra Fría.
4. España en el espejo mediterráneo
Si el gasto fuera eficiente,
debería reflejarse en la estructura de fuerzas. La comparación con los otros
tres actores navales relevantes del Mediterráneo —Francia, Italia y Turquía—
permite comprobar si eso ocurre. No ocurre.
Nota metodológica: las cifras no son estrictamente homogéneas
(submarinos nucleares vs. convencionales, fragatas vs. corbetas en tipologías
distintas), pero ilustran tendencias de masa, renovación y ritmo industrial.
Fuentes: listas de buques activos por armada (Wikipedia, Naval News, WDMMW
2026); informes OTAN 2025; datos de exportación SSB turca y SIPRI.
Los números hablan por sí solos.
Francia opera nueve submarinos nucleares; Italia, ocho convencionales con
cuatro más de nueva generación en construcción; Turquía mantiene entre doce y
trece, con seis Reis de propulsión independiente del aire (AIP) en entrega.
España tiene dos. En fragatas de primera línea, Francia alinea quince, Italia
trece, Turquía más de dieciséis contando corbetas. España, once —de las cuales
seis son F-80 diseñadas en los años 70— que ya no están en condiciones de
operar en escenarios de alta intensidad. En aviación embarcada, Italia opera
F-35B desde el Cavour y va a operar el dron TB3 desde el Trieste; Turquía
despliega drones TB3 desde el Anadolu y ha comenzado a construir un
portaaviones de 60.000 toneladas. España perderá la capacidad de avión
embarcado hacia 2030 cuando se retiren los Harrier, sin sustituto previsto ni
drones embarcados.
La prioridad naval real de cada
país matiza aún más la brecha. Francia destina el 15,2% de sus Fuerzas Armadas
a la marina y mantiene la flota más joven de los cuatro (21,4 años de mediana
según WDMMW 2026). Italia y España dedican un porcentaje similar de su personal
total a la armada (~17%), pero Italia tiene casi un 40% más de efectivos
navales en términos absolutos (29.300 frente a 20.800). Turquía, con 45.000
efectivos activos, tiene solo el 9,4% de su personal en la marina —prioriza el
Ejército de Tierra—, pero construye más buques que los otros tres juntos y
tiene ahora mismo una treintena de buques de todo tipo en construcción para sí
mismo o para exportación. Y España tiene la flota más antigua de los cuatro, de
23,2 años de mediana, frente a 21,4 en Francia y 22,3 en Italia y Turquía.
España no solo tiene menos masa, tiene menor ritmo de renovación.
5. El caso turco: la industrialización que España dice querer
La comparación más incómoda no es
con Francia —cuya fuerza nuclear la sitúan en otra liga—, sino con Turquía.
Porque Ankara ha hecho exactamente lo que España dice querer hacer con su Plan
Industrial y Tecnológico; esto es, convertir la industria de defensa en un
motor de soberanía tecnológica y exportación.
En 2002, las exportaciones de
defensa turcas sumaban 248 millones de dólares y la dependencia exterior
superaba el 80%. En 2025, las exportaciones superaron los 10.000 millones de
dólares y la dependencia exterior ha caído por debajo del 20%. Cinco empresas
turcas figuran entre las 100 mayores del mundo en el sector según SIPRI.
Turquía construye simultáneamente 39 buques de guerra en sus astilleros
—fragatas, submarinos, un destructor antiaéreo, un portaaviones— y exporta
corbetas a Pakistán, drones a 35 países y los futuros cazas KAAN a Indonesia.
Todo ello con un PIB per cápita inferior al español.
Turquía no es un modelo
replicable en todos sus aspectos, ya que su industrialización fue acelerada por
embargos occidentales que la obligaron a desarrollar capacidades propias o
quedarse sin ellas, y su contexto geopolítico es radicalmente distinto. Pero
ilustra una lógica coherente entre industria, necesidad operativa y urgencia
estratégica. España industrializa con lógica de subvención y sostenimiento del
tejido productivo. El resultado es que Turquía tiene una industria que produce
lo que necesita, cuando lo necesita; mientras que España tiene una industria
que produce lo que puede, cuando el presupuesto lo permite.
6. Adónde va entonces el dinero
Este patrón no es accidental.
Responde a decisiones implícitas de priorización en el Ministerio de defensa: macroprogramas
industriales a décadas vista —cazas de sexta generación para 2040, grandes
buques de prestigio—, estructuras organizativas sobredimensionadas que no
podemos equipar y un modelo de adquisición que antepone la supervivencia del
tejido industrial a la generación de capacidad operativa urgente. Son las “vacas
sagradas” del presupuesto de defensa español. Programas y estructuras que nadie
cuestiona porque hacerlo tiene coste político. Ya se ha hablado anteriormente
de un buen número de ejemplos, como en los artículos “España
no necesita un portaviones”; “Tiger
MkIII: el error de 1.200 millones”; “Eurodrone:
crónica de una obsolescencia anunciada” y “España
no necesita el Leopard 2A8...Ni el MGCS”.
Conclusión: el espejismo del 2%
Celebrar el cumplimiento del 2%
como un éxito político es, en el mejor de los casos, una ingenuidad y, en el
peor, una negligencia deliberada. No estamos ante un fortalecimiento de la
defensa nacional, sino ante un espejismo contable diseñado para aplacar
a los aliados mientras la capacidad real de nuestras Fuerzas Armadas se
desmorona por puro agotamiento material.
La cruda realidad es que España
ha pasado de ser un referente en el Atlántico y el Mediterráneo a ser un actor
que pide ayuda para vigilar sus propias aguas y opera con plataformas que
deberían estar en museos. Mientras vecinos y aliados invierten en una industria
que produce soluciones para hoy, España sigue atrapada en una lógica de
subvención e inercia industrial que proyecta capacidades para un 2040 que
quizá nunca llegue para nosotros.
Alcanzar un porcentaje en un
papel no oculta que hoy tenemos menos submarinos, menos aviones de patrulla y
menos reservas que hace veinte años. El presupuesto de defensa español ha
dejado de ser una herramienta de estrategia militar para convertirse en un seguro
de vida para el tejido industrial y un parche para deudas del pasado.
Si España quiere dejar de simular
su defensa, debe entender que la prioridad no es el decimal del PIB, sino la eficiencia
del gasto. En un entorno geopolítico que se rearma para mañana, seguir
diseñando una fuerza para 2040 es elegir, voluntariamente, la irrelevancia
estratégica. El 2% no es la meta; es solo el precio de entrada para un juego
que España, hoy por hoy, solo está mirando desde la banda.
El autor es analista de defensa. Las opiniones expresadas son
personales.
Datos según Informe de Gasto en Defensa OTAN 2025, listas de
buques activos por armada (Wikipedia, Naval News, WDMMW 2026), datos de
exportación SSB turca/SIPRI, y documentos oficiales del Gobierno de España.