Autonomía estratégica o irrelevancia operativa
Introducción
En el horizonte de 2035, España
se enfrenta a una decisión estratégica que no es tecnológica, sino política en
su sentido más profundo: aspirar a una autonomía estratégica real como potencia
media regional o aceptar un papel estructuralmente dependiente, aunque bien
equipado, dentro de los marcos aliados. Durante décadas, la política de defensa
española ha descansado sobre un supuesto tácito: la integración aliada —en
particular en el marco de la OTAN y la Unión Europea— compensaría cualquier
déficit nacional en ámbitos críticos como inteligencia, mando y control o
acceso al espacio. Este enfoque fue funcional en un entorno caracterizado por
supremacía occidental, abundancia relativa de capacidades compartidas y crisis
limitadas en intensidad, duración y simultaneidad. Ese entorno ya no existe.
Las operaciones aliadas de las últimas décadas ilustran bien esta dependencia estructural: desde el peso determinante de los sistemas de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) y AWACS OTAN en Libia 2011 hasta la centralidad de capacidades espaciales estadounidenses en conflictos más recientes, la autonomía decisoria real de muchos aliados europeos ha estado condicionada por su acceso a información, navegación y comunicaciones críticas. En un contexto de multipolaridad, congestión del dominio espacial y competencia estratégica persistente, esa dependencia deja de ser neutra. El espacio se ha convertido en el sustrato operativo que determina qué Estados conservan margen de decisión bajo presión y cuáles se limitan a ejecutar decisiones ajenas.
El dilema que se plantea a España no es si cooperar o no —la cooperación es inevitable—, sino desde qué posición hacerlo. Sin un umbral mínimo de soberanía espacial, la integración aliada, valiosa en cooperación plena, puede derivar en dependencia funcional, erosionando credibilidad, influencia y libertad de acción en escenarios donde los intereses nacionales no coincidan plenamente con las prioridades de terceros. Este dilema estructural atraviesa todo el debate estratégico español hacia 2035.
1. ESPAÑA EN 2026: CAPACIDADES
DISPERSAS Y SOBERANÍA DIFUSA
España en 2026 no es un desierto
espacial, pero tampoco es un actor soberano. Se encuentra en una zona gris
estratégica, caracterizada no por la carencia de medios, sino por su
dispersión, dependencia funcional y ambición limitada. Esta dispersión
actual ilustra el riesgo de irrelevancia operativa si no se cruza el umbral
soberano propuesto. El problema español no es tecnológico; es estructural y
político.
1.1. Qué hace hoy el Mando del
Espacio… y qué no
La creación del Mando del
Espacio, plenamente operativo desde febrero de 2025, supuso un avance
institucional significativo. Coordina activos espaciales militares, actúa como
interfaz con aliados, gestiona una conciencia básica del entorno espacial e integra
el dominio espacial en la planificación conjunta.
Sin embargo, su alcance real
sigue siendo limitado: no controla soberanamente el ciclo completo ISR, no
decide prioridades nacionales frente a demandas aliadas en escenarios de
fricción y carece de autoridad efectiva sobre la arquitectura espacial nacional.
Gestiona accesos más que capacidades y dependencias más que soberanía.
1.2. Fragmentación
institucional: Defensa, Agencia Espacial Europea e industria
Estas limitaciones se ven
amplificadas por la fragmentación institucional. La política espacial se
reparte entre Defensa, la Agencia Espacial Española, la industria y los marcos
europeos (ESA y UE), sin una autoridad estratégica integradora que
convierta programas técnicos en poder militar coherente.
El resultado es un modelo en el
que se desarrollan satélites —como PAZ o el recientemente completado SpainSat
NG— sin una doctrina clara de empleo militar, se accede a datos sin control
pleno sobre su priorización y se invierte sin definir explícitamente el umbral
de soberanía buscado.
España no carece de política
espacial; carece de una política espacial militar soberana.
1.3. Dependencias críticas:
ISR, SIGINT, PNT y SSA
Las dependencias españolas no son
absolutas, pero sí estructurales:
- Inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR):
capacidad propia limitada, sin persistencia ni control completo del
tasking.
- Inteligencia de señales (SIGINT) espacial:
acceso principalmente aliado, con escasa autonomía nacional.
- Posicionamiento, navegación y tiempo (PNT):
dependencia funcional de GPS, con Galileo PRS como mitigador parcial.
- Conocimiento de la situación espacial (SSA):
capacidad básica, insuficiente para autonomía decisoria en crisis.
Estas dependencias no son
problemáticas en tiempos de cooperación plena. Lo son en escenarios de
saturación aliada, divergencia política o crisis simultáneas. La experiencia
ucraniana (2022-2025) ejemplifica esta vulnerabilidad: Ucrania ha sufrido denegaciones selectivas en ISR de alta resolución,
interrupciones en inteligencia de señales compartidas y jamming
persistente GNSS en el Mar Negro. El resultado fue operaciones navales y de
precisión limitadas en ventanas críticas, pese a plataformas modernas.
En términos crudos: España
observa, pero no manda; recibe, pero no prioriza; accede, pero no controla.
Ese modelo es suficiente para la paz y la cooperación. No lo es para un 2035
marcado por la competencia estratégica y la coerción permanente.
Si se compara la situación de
España con las demás potencias europeas, Francia es la que tiene un mayor nivel
de autonomía.
|
País |
ISR soberano |
SATCOM resiliente |
Umbral autonomía |
|
Francia |
Helios/CSO (LEO/SAR) |
Syracuse (GEO) |
Alto |
|
Reino Unido |
Skynet (complementado) |
Skynet NG |
Medio-alto |
|
Italia |
COSMO-SkyMed |
Sicral |
Medio |
|
España |
PAZ (limitado) |
SpainSat NG |
Bajo-mínimo |
- Control soberano del ISR prioritario.
- Comunicaciones por satélite (SATCOM) militar
endurecidas.
- Doctrina clara de empleo espacial militar.
- Integración política-militar del espacio.
Eso le permite cooperar desde
una posición de capacidad, no de dependencia. España, en cambio, coopera desde
la necesidad, lo que reduce su margen de maniobra.
Esta comparación no es un
reproche, sino un indicador de escala: Francia actúa como potencia media con
ambición estratégica global; España como país sin arquitectura espacial
definida. Las actuales capacidades nacionales no se traducen en soberanía
efectiva.
2. El espacio como umbral real de poder en 2035
En el siglo XX, el estatus
estratégico se medía principalmente por fuerzas visibles: divisiones
acorazadas, escuadrones de combate o grandes unidades navales. En el siglo XXI
avanzado, esos activos siguen siendo necesarios, pero han dejado de ser suficientes.
La línea divisoria entre actores con iniciativa y meros ejecutores se sitúa
antes del combate, en la capacidad de comprender el entorno, priorizar
información y sostener decisiones bajo fricción. Ese umbral es
espacial, y su ausencia perpetúa la irrelevancia operativa diagnosticada en
2026.
El espacio no es simplemente un
dominio adicional, sino el habilitador transversal de todos los demás.
Sin control efectivo —aunque sea limitado— de capacidades espaciales críticas:
- la alerta temprana es condicional,
- el ciclo ISR depende de prioridades externas,
- el mando y control es vulnerable a interferencias,
- la continuidad operativa queda supeditada a
terceros.
Esto no implica incapacidad
absoluta para operar, pero sí genera vulnerabilidades selectivas. Los
conflictos contemporáneos han normalizado la degradación deliberada del dominio
espacial (interferencia GNSS, ciberataques a segmentos terreno, manipulación de
datos ISR y ataques no cinéticos contra satélites). Las interferencias GNSS
registradas en el Báltico entre 2024 y 2025 muestran que la degradación no
necesita ser total para generar efectos acumulativos.
En ese contexto, la ausencia de
alternativas soberanas no provoca necesariamente el colapso, pero sí una subordinación
operativa progresiva, donde la iniciativa se erosiona de forma acumulativa.
En paz, el riesgo es bajo; en crisis múltiples, alto. En 2035, esta línea
divisoria no implica exclusión absoluta, pero sí una pérdida progresiva de
iniciativa, mitigable únicamente mediante umbrales mínimos soberanos.
3. Autonomía y cooperación: del falso dilema al espectro de
interdependencia
Plantear la soberanía espacial
como alternativa a la cooperación aliada es un error conceptual recurrente. Las
potencias medias europeas que conservan peso estratégico real —Francia con
Helios/CSO, Reino Unido con Skynet, Italia con COSMO-SkyMed— no eligen entre
autonomía o alianza. Construyen capacidades propias precisamente para
cooperar mejor. La autonomía estratégica contemporánea debe entenderse como
un espectro de interdependencia, no como autarquía, que evita la
dependencia automática y preserva el margen de decisión nacional.
En ese espectro, un Estado
conserva un umbral mínimo de control soberano que le permite:
1.
Actuar de forma autónoma en crisis de baja y
media intensidad.
2.
Resistir degradaciones temporales del apoyo
aliado.
3.
Contribuir a coaliciones con capacidades
propias, relevantes y demandadas.
La experiencia demuestra que un
exceso de autonomía mal integrada puede tensionar alianzas, pero también que la
ausencia de autonomía reduce influencia política y operativa. El equilibrio,
ejemplificado por el modelo francés, maximiza el margen de maniobra sin
aislamiento.
Sin ese umbral, la integración
deja de ser una elección estratégica y se convierte en una obligación
estructural, incrementando el riesgo de desalineación entre intereses
nacionales y prioridades aliadas, incluso sin exclusión formal.
4. La soberanía espacial mínima en 2035 como capacidad operativa
inicial
Para que el debate sea operativo
y no retórico, el concepto de soberanía espacial mínima debe definirse
con precisión. No se trata de una arquitectura completa ni de un estado final
deseable, sino de una capacidad operativa inicial (IOC) destinada a
evitar la irrelevancia estratégica y preservar el margen de decisión nacional
en escenarios críticos.
Esta soberanía mínima, en torno
al 60% del ciclo ISR en áreas prioritarias, con redundancia SATCOM ante
degradación, no elimina la dependencia aliada, pero evita la dependencia
automática, que es la antesala de la pérdida de iniciativa.
Su diseño prioriza una cobertura
regional persistente y controlada, centrada en el Mediterráneo
occidental, el Atlántico nororiental, el entorno inmediato de la
Península Ibérica y los archipiélagos, así como una proyección extendida
hacia el Sahel, el Magreb y el Golfo de Guinea. Estas áreas concentran los
principales vectores de riesgo, interés operativo y compromiso exterior
español, y constituyen el espacio geográfico donde la autonomía informativa y
la continuidad del mando resultan críticas. Fuera de este arco estratégico, la
arquitectura asume una cobertura discontinua y selectiva, complementada por
capacidades aliadas o comerciales, coherente con una doctrina de suficiencia
estratégica y no de presencia global permanente.
Basándose en benchmarks de
potencias medias europeas, pueden identificarse los siguientes pilares mínimos.
Cada uno actúa como vector de autonomía operativa; en conjunto determinan hasta
dónde España puede actuar sin autorización o supervisión externa directa.
4.1. Observación óptica en órbita
terrestre baja (LEO): ISR espacial
Se busca autonomía informativa
básica en ventanas críticas. Para ello es necesario:
- Constelación LEO de 4–6 satélites ópticos y/o radar
de apertura sintética (SAR).
- Capacidad de revisita inferior a seis horas
sobre áreas prioritarias (Mediterráneo occidental, entorno inmediato,
Sahel).
- Control nacional completo del ciclo
tasking–explotación–difusión para al menos el 60 % de las misiones
de interés nacional.
Este umbral no proporciona
persistencia continua ni superioridad informativa sostenida. Sí permite, en
cambio, conciencia situacional suficiente, especialmente
en las primeras 48–72 horas de una crisis, cuando se define la iniciativa
política y militar.
4.2. Órbita terrestre geoestacionaria
(GEO) endurecida (SpainSat NG + evolución): comunicaciones por satélite
Para continuidad del mando y
control bajo ataque sería necesario:
- Capacidad UHF/EHF resiliente con 2–3 satélites
GEO.
- Encriptación y gestión plenamente nacionales.
- Redundancia suficiente para absorber la pérdida de
un nodo crítico sin colapso del sistema.
El objetivo no es independencia
total, sino continuidad del mando en escenarios de interferencia,
saturación o acceso restringido a capacidades aliadas.
4.3. Posicionamiento, navegación y tiempo: PNT soberano
Busca libertad de maniobra
limitada pero real.
- Acceso garantizado a Galileo PRS (Servicio
Público Regulado, componente gubernamental de Galileo).
- Receptores militares propios y doctrina de
operación degradada sin GPS.
Este pilar no sustituye a un Sistema
Global de Navegación por Satélite (GNSS, por sus siglas en inglés) soberano,
pero reduce la vulnerabilidad inmediata ante interferencias o negación
selectiva.
4.4. Gestión operativa:
control y coherencia
Centro nacional de operaciones
espaciales militares 24/7, integrado en la cadena de mando estratégica y
conectado directamente con el JEMAD.
Sin esta capa de gestión, incluso
capacidades técnicas propias pierden valor estratégico.
4.5. Recuperación: resiliencia
temporal, no autosuficiencia
Acceso garantizado a lanzamiento
de sustitución en menos de 12 meses, inicialmente mediante proveedores
comerciales aliados.
A medio plazo, la disponibilidad
de un lanzador ligero nacional, como Miura 5, permitiría reducir
tiempos de recuperación y dependencia política en escenarios de congestión
o crisis, sin pretender una soberanía plena de acceso al espacio.
5. Coste estimado de la soberanía espacial mínima (2035)
Cualquier propuesta de soberanía espacial exige estimaciones realistas de coste. Las cifras siguientes son órdenes de magnitud, basadas en programas europeos comparables, y buscan dimensionar el esfuerzo necesario para alcanzar un umbral mínimo de autonomía operativa en 2035:
- El componente más relevante corresponde a la constelación de observación terrestre en órbita baja. Una arquitectura de seis satélites ópticos y/o radar, junto con su segmento sobre el terreno y capacidades de explotación, supondría una inversión acumulada estimada entre 900 y 1.200 millones de euros a lo largo de una década.
- El segundo gran bloque es el de las comunicaciones satelitales militares en órbita geoestacionaria. El desarrollo, lanzamiento y operación de dos o tres satélites GEO endurecidos, con encriptación y gestión nacionales, requeriría entre 1.200 y 1.500 millones de euros.
- A estas inversiones se suman costes más contenidos, pero estratégicamente decisivos: entre 200 y 300 millones de euros para un Centro Nacional de Operaciones Espaciales con capacidades ampliadas de conocimiento del entorno espacial; entre 150 y 250 millones para garantizar un uso militar efectivo del servicio Galileo PRS, incluyendo receptores, integración doctrinal y entrenamiento; y otros 200 a 300 millones para asegurar la capacidad de recuperación y acceso al lanzamiento en plazos operativos.
En conjunto, el esfuerzo total se
sitúa entre 2.700 y 3.500 millones de euros entre 2026 y 2035, lo que
equivale a unos 270–350 millones anuales. Es una cifra significativa, pero los
efectos multiplicadores transversales que generan sobre todas las Fuerzas
Armadas y sobre la credibilidad estratégica del Estado lo valen.
6. Escenarios 2035: autonomía gradual o dependencia selectiva
Definido este umbral mínimo, el
análisis de escenarios gana realismo.
Escenario base (más probable):
autonomía crítica selectiva. España alcanza la soberanía mínima en ISR y
SATCOM, manteniendo dependencia parcial en alerta temprana estratégica y PNT
global. Resultado: autonomía operativa en crisis de baja y media
intensidad y contribución relevante a coaliciones.
Escenario de riesgo:
degradación progresiva del acceso aliado. Sobrecarga de activos
estadounidenses, condicionalidad política creciente o realineamientos
geopolíticos reducen el acceso efectivo a capacidades críticas. Resultado:
fuerzas modernas, pero pérdida de iniciativa en crisis no prioritarias para
aliados.
Escenario óptimo (menos
probable): autonomía ampliada cooperativa. Refuerzo de la cooperación
europea, con España como nodo regional relevante.
Escenario crítico (baja
probabilidad): dependencia estructural. Discontinuidad política o
presupuestaria impide alcanzar incluso el umbral mínimo.
La soberanía mínima no elimina
riesgos, pero amortigua shocks externos y evita que factores exógenos
amplifiquen la dependencia.
7. Credibilidad internacional y margen de maniobra político
La credibilidad estratégica se
mide en las fases iniciales de una crisis. Un Estado que no controla su
información prioritaria ni sus enlaces críticos pierde capacidad de iniciativa,
incluso antes de que se dispare el primer tiro.
En 2035, la diferencia entre
liderazgo limitado y seguidismo estará marcada por la autonomía espacial
disponible en las primeras 48–72 horas.
Lejos de ser un repliegue, la
soberanía espacial mínima es un capital estratégico acumulativo. Bien
diseñada:
- reduce presión sobre activos aliados,
- aporta resiliencia colectiva,
- incrementa peso político en foros multilaterales.
La autonomía no compite con la
cooperación: la refuerza.
Conclusión
España no desaparecerá como actor
internacional si no desarrolla soberanía espacial. Pero en 2035, la cuestión
clave será cuánto margen de maniobra conserva en crisis donde sus
intereses no coincidan plenamente con los de sus aliados.
La soberanía espacial mínima no
es una aspiración tecnológica, sino un requisito de supervivencia operativa.
No garantiza liderazgo ni independencia plena, pero evita la irrelevancia. España
puede delegar capacidades, pero no su comprensión estratégica del entorno.
La soberanía espacial mínima no es opción; es el precio a pagar para seguir contando con voz
propia.
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