Por qué Ceuta se colapsa mientras en Melilla reina la calma
INTRODUCCIÓN
Las imágenes del Tarajal son
insoportables y son, al mismo tiempo, la parte menos informativa de lo que está
pasando. Cientos de personas cruzando a nado, agentes de la Guardia Civil
desbordados sacando gente del agua, cuerpos localizados en la costa, una ciudad
de ochenta y cinco mil habitantes preguntándose cuántos llegarán mañana y toda
la atención política y mediática concentrada en el punto exacto donde el
fenómeno se hace visible.
Y ahí es donde no está la
explicación.
La Junta de Portavoces de la
Asamblea de Ceuta —del PP a Vox pasando por el PSOE y los localistas, es decir,
todos— ha pedido este jueves el cierre urgente de la frontera, el despliegue
del Ejército y la declaración de emergencia nacional. Es una reacción
comprensible y probablemente inevitable. Pero antes de discutir qué hacer
conviene resolver la cuestión previa sobre qué es exactamente lo que está
ocurriendo. De la respuesta depende quién tiene que gestionarlo, con qué
herramientas y en qué plazo. Y la respuesta que se ha dado por buena durante
cinco años es falsa.
Misma línea,
dos lecturas. Entre enero y junio de 2026 las llegadas por la ruta atlántica
cayeron más de un 60% mientras las entradas terrestres por Ceuta crecían un
164%. Ilustración conceptual generada con inteligencia artificial.
1. El dato que no sale en las imágenes
Los balances quincenales del
Ministerio del Interior son públicos y aburridos. Entre el 1 de enero y el 30
de junio de 2026, la inmigración irregular en el conjunto de España cayó un
32,5% respecto al mismo periodo del año anterior. En ese mismo semestre, las
entradas terrestres por Ceuta y Melilla subieron un 154,8%. Ceuta pasó de 978
personas a 2.582, con un incremento del 164% y Canarias, que en 2025
concentraba la mayor presión del país, se desplomó más de un 60%.
Detengámonos en esa frase, porque
contiene todo el argumento. En el mismo país, en los mismos seis meses y con
las mismas redes operando, una ruta cayó un 60% mientras otra subía un 164%.
Así no funciona la migración
espontánea. La ruta atlántica hacia Canarias exige coordinación de redes en
Mauritania, Senegal y el Sahel, embarcaciones, dinero, meteorología favorable y
varios días de navegación. No se desactiva en seis meses por casualidad ni por
un cambio de humor de los migrantes; requiere que alguien, en algún punto de la
cadena, deje de hacer lo que hacía. Simétricamente, un paso terrestre de ocho
kilómetros bajo control permanente de la Gendarmería Real marroquí no triplica el
número de inmigrantes porque la gente haya descubierto de pronto que Ceuta
existe.
Cuando una ruta se cierra y otra
se abre a la vez, y ambas dependen del mismo Estado, la palabra que describe el
fenómeno no es "flujo". Es válvula, una válvula que alguien
debe abrir o cerrar a su conveniencia.
Queda entonces la pregunta del
calendario; por qué ahora. El 13 de julio el Tribunal Supremo prohibió las
devoluciones en caliente de quienes alcanzan Ceuta a nado y la oleada llega dos
semanas después. Y no es que los inmigrantes que malviven en las cercanías de
la frontera con Ceuta lean cada día el BOE donde se publican las sentencias del
Tribunal Supremo, sino que cualquier servicio de inteligencia competente sigue
el calendario judicial y normativo del país vecino, porque ahí se publica, con
fecha y por escrito, cuándo se estrecha el margen de maniobra del adversario. Porque
una ventana de oportunidad táctica no tiene por qué crearse, basta con
reconocerla y usarla.
2. Melilla es la prueba
Si hubiera que elegir un solo
dato de todo este asunto, no sería el de Ceuta; sería el de Melilla.
Hasta el 31 de mayo de 2026,
Melilla había registrado 85 entradas terrestres. Ceuta, en ese mismo periodo,
superaba las 2.280. Veintisiete veces más. Estamos hablando de dos ciudades
españolas, en la misma frontera, con el mismo país al otro lado, las mismas
redes disponibles, la misma legislación de extranjería, la misma Guardia Civil,
la misma Gendarmería Real y el mismo incentivo para quien quiera cruzar. Una
está saturada; la otra está tranquila.
Cierto es que Ceuta tiene un
espigón que se adentra en el mar y puede bordearse a nado, mientras Melilla
tiene un perímetro vallado. Pero eso no explica nada. La geografía del Tarajal
en 2026 es exactamente la misma que en 2024, cuando las entradas fueron una
fracción minúscula de las actuales, y la misma que en mayo de 2021, cuando
entraron entre ocho y diez mil personas en cuarenta y ocho horas. Una
constante no puede explicar una variación. El espigón lleva ahí décadas; lo
que cambia es si hay alguien impidiendo el paso al otro lado, y eso no depende
de la costa sino de una decisión administrativa. Cuando el control marroquí se
aplica, el espigón es tan estanco como la valla; cuando se retira, no lo es. El
propio historial reciente de la frontera es la demostración.
Que una plaza se sature mientras
la otra se conserva intacta no es un accidente del azar: es dosificación.
3. El agregado que oculta
La cifra que nuestro Gobierno
presenta públicamente como prueba del éxito de la cooperación con Marruecos es
la nacional, esto es, que la inmigración irregular baja un tercio. Es verdad y
es engañosa a la vez, porque el agregado es precisamente el instrumento que
oculta la coerción selectiva. Rabat concede contención donde España la
exhibe —el total del país, las cifras que se comparan con Italia y Grecia, los
titulares de Bruselas— y la retira donde España es vulnerable como son dos
ciudades pequeñas cuya saturación se mide en días.
Dicho de otra manera: España
está siendo pagada en agregados y cobrada en los enclaves. El mecanismo
tiene una elegancia perversa, porque el mismo dato que permite demostrar que se
coopera es el que evita la acusación de que no se hace.
4. Qué significa exactamente "coerción"
En estrategia, coerción
designa la modificación deliberada del comportamiento de otro Estado mediante
la imposición de un coste, sin recurrir al conflicto armado abierto. No
requiere ocupar territorio ni emplear fuerza militar, basta con generar un
perjuicio suficiente y suficientemente sostenido, para que al adversario le
resulte más barato ceder que resistir. Su objetivo no es la conquista sino la
decisión ajena y su éxito no se mide en kilómetros sino en cambios de conducta.
Dos rasgos importan especialmente
en este caso. El primero es que la coerción eficaz opera por debajo del
umbral de respuesta. Se calibra deliberadamente para que el daño sea real
pero no active los mecanismos de reacción del adversario, ya sean sus alianzas,
su opinión pública o su derecho de legítima defensa. El segundo es más
contraintuitivo, pues la coerción necesita ser entendida por quien la sufre.
Un daño que la víctima interpreta como accidente no modifica su conducta, sino
que simplemente la desgasta. De ahí que el emisor busque un punto de equilibrio
delicado, que el mensaje se reciba, pero que no pueda probarse. Es el terreno
de la negación plausible y explica por qué las autoridades marroquíes atribuyen
estas entradas a redes criminales que explotan a personas vulnerables. Esa
explicación no necesita ser creíble. No lo es. Solo necesita estar disponible.
5. No es un caso español PERO ESPAÑA ES LA ÚNICA QUE NO LA LLAMA POR
SU NOMBRE
La instrumentalización de flujos
migratorios como herramienta de presión estatal no es una teoría inventada para
el caso de Ceuta. Es un patrón reconocido, documentado y con jurisprudencia
política reciente en Europa.
En marzo de 2020, Turquía
anunció que dejaba de contener los movimientos hacia la frontera griega del
Evros y decenas de miles de personas se dirigieron allí en pocos días, en plena
negociación con la Unión Europea sobre financiación y sobre la situación en
Idlib. En 2021, Bielorrusia facilitó la llegada por vía aérea de miles
de ciudadanos de Oriente Próximo y los condujo hasta las fronteras de Polonia,
Lituania y Letonia, en respuesta a las sanciones europeas. En noviembre de
2023, tras un aumento súbito de llegadas por su frontera oriental que
atribuyó a una acción dirigida desde Moscú, Finlandia cerró completamente
sus pasos terrestres con Rusia y ha sostenido esa medida.
Todas estas situaciones son
distintas de la española y entre sí, pero lo relevante es que en los tres casos
mencionados los Estados afectados nombraron públicamente lo que estaba
ocurriendo, lo calificaron como coerción de un tercer Estado y no como
fenómeno migratorio, y obtuvieron respaldo europeo precisamente por haberlo
encuadrado así. La Unión ha incorporado desde entonces el concepto de
instrumentalización de migrantes a su marco de gestión de crisis. El término
existe, igual que la doctrina y que el precedente.
Ceuta y Melilla constituyen el
único límite terrestre de la Unión Europea con África, pero España es el
único Estado miembro que sufre este tipo de presión y no la denomina por su
nombre. Esa es la anomalía que hay que explicar.
6. El precedente que funcionó demasiado bien
Nada de esto es nuevo. En mayo de
2021 entraron en Ceuta entre ocho mil y diez mil personas en menos de cuarenta
y ocho horas, incluidos alrededor de mil quinientos menores, después de que el
control fronterizo marroquí simplemente se echase a un lado. Ocurrió en plena
crisis por la acogida en un hospital español del líder del Frente Polisario.
España desplegó al Ejército y devolvió a la mayoría de los adultos en pocos
días.
Diez meses después, en marzo de
2022, el Gobierno cambió la posición histórica de España sobre el Sáhara
Occidental y respaldó el plan marroquí de autonomía. Sin explicaciones y sin
justificación, al menos pública.
Conviene mirar esa secuencia
desde Rabat y no desde Madrid. La operación costó unos diez meses de fricción
diplomática y produjo la mayor concesión española en cincuenta años. No hubo
sanción, no hubo coste económico, no hubo condena internacional relevante y no
hubo siquiera una atribución formal. La relación coste-beneficio fue
extraordinaria y nunca ha sido corregida.
Pero el balance es todavía más
favorable para Rabat de lo que suele contarse, porque tuvo un efecto de segundo
orden que rara vez se contabiliza. La reacción argelina al giro español fue la
suspensión de relaciones y la práctica congelación del comercio bilateral
durante cuatro años, con el suministro de gas como única excepción. Así una
operación migratoria de cuarenta y ocho horas acabó deteriorando la relación de
España con su principal proveedor energético y con el único actor regional
cuyos intereses se oponen estructuralmente a los de Marruecos. El
instrumento no solo obtuvo una concesión, sino que reordenó el mapa de alianzas
del Magreb occidental en beneficio de quien lo empleó. Esa fractura solo ha
empezado a repararse ahora, con la normalización hispano-argelina de julio de
2026, y ese es un asunto que merece capítulo aparte.
El error de análisis español
consistió en tratar 2021 como un episodio aislado y no como un método.
7. Por qué España no lo dice
Si el patrón es demostrable con
datos públicos, y lo es, ¿por qué el Gobierno no lo dice?
La respuesta habitual es que
faltan pruebas, pero es falsa. Para atribuir una modulación deliberada de
flujos no hace falta un documento firmado ni una confesión, solo hace falta una
serie estadística, y esa serie existe, la publica el propio Ministerio del
Interior cada quince días y lleva año y medio dibujando la misma figura.
La respuesta verdadera es más
incómoda. España no atribuye no porque no puede, sino porque atribuir obliga
a responder. En el momento en que un Gobierno califica oficialmente lo que
ocurre como coerción de un Estado extranjero, se genera un deber político de
reaccionar ante la opinión pública, ante el Congreso y ante Bruselas. Y como no
existe ninguna respuesta preparada ni, digámoslo claro, el coraje político suficiente
para tomar una decisión entre la protesta diplomática y el uso de la fuerza, la
salida institucional más cómoda es no nombrar el problema.
Hay algún motivo político fundado
para esa cobardía política y es que, aunque la Unión dispone de un instrumento
anticoerción diseñado exactamente para casos de presión económica y política de
terceros Estados, nunca se ha invocado en este contexto no solo por la timidez
de Madrid, sino porque activarlo exige una determinación formal de la Comisión
y una mayoría en el Consejo, es decir, exige señalar oficialmente a Rabat y
someter esa acusación a votación entre socios. Y España tiene motivos
fundados para temer el resultado de esa votación. Francia respaldó en julio
de 2024 la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, se puso de parte de
Marruecos en la crisis de Perejil de 2002 y mantiene con Rabat intereses
económicos y estratégicos de primer orden, por lo que su disposición a avalar
una medida coercitiva europea contra Marruecos es, siendo generosos, dudosa.
Pedir el instrumento y no obtenerlo dejaría a España en peor posición que no
pedirlo.
Es un cálculo racional, pero se
convierte en una trampa al garantizar que la negación plausible de Rabat
resulte gratuita, porque Marruecos no necesita ocultar bien su actuación si
Madrid ha decidido de antemano no mirar y Bruselas no ha sido nunca formalmente
requerida a hacerlo.
8. Dos cosas verdaderas al mismo tiempo
Que exista una gestión estatal
del flujo no convierte a las personas que cruzan en instrumentos sin voluntad
propia. Los jóvenes que este jueves se lanzaron al agua tienen motivos propios,
verificables y perfectamente comprensibles, pues Marruecos no deja de ser un
país sin futuro para los jóvenes. Eso es cierto. El paro juvenil marroquí, la
sequía, la desigualdad territorial del Rif y la ausencia de expectativas son
reales y ninguna interpretación geopolítica los borra.
Pero, al mismo tiempo, la
decisión de que esas personas puedan concentrarse ante la valla sin que nadie
lo impida, un jueves concreto y no otro, en Ceuta y no en Melilla, es de otra
naturaleza y la toma otro actor.
Las dos cosas son verdad a la
vez y confundirlas es lo que paraliza el debate español. Una parte del arco
político mira solo la motivación individual y concluye que hablar de coerción
deshumaniza. Otra mira solo la coerción y concluye que quienes cruzan son un
arma. Ambas lecturas son cómodas, ambas son incompletas y ambas benefician a quien
administra la válvula, a quien la abre o cierra a voluntad, porque garantizan
que España discuta consigo misma en lugar de discutir con Rabat.
9. La explicación más SENCILLA Y CREÍBLE
Ninguna de las observaciones
anteriores prueba por sí sola una decisión política en Rabat. Lo que hacen, en
conjunto, es convertir la hipótesis de gestión estatal en la explicación más
parsimoniosa, la que requiere menos supuestos adicionales. Cualquier
alternativa, que la coincidencia entre el desplome atlántico y el estallido
terrestre sea casual, que la diferencia de veintisiete veces entre dos ciudades
españolas equivalentes se deba a la costa, que la sincronía con el calendario
judicial español sea fortuita, exige acumular casualidades independientes. Y no
es la más acusatoria, es simplemente la más sencilla y la más creíble.
Esta acusación quedaría
seriamente debilitada si las entradas por Melilla convergieran con las de Ceuta
manteniéndose el desplome canario; si la presión terrestre continuara con
idéntica intensidad durante un periodo de máxima cooperación bilateral y sin
ninguna negociación abierta entre ambos países; o si la Gendarmería Real
interviniera sistemáticamente en el espigón sin lograr reducir el flujo.
Ninguna de esas tres cosas está ocurriendo. Mientras no ocurran, la carga de la
prueba no recae sobre quien afirma que hay gestión, sino sobre quien sostiene
que veinte meses de datos son una coincidencia.
10. Lo que cambia si se llama por su nombre
Llamar a las cosas por su nombre
no es una discusión semántica, ya que el encuadre determina el menú de
respuestas disponibles.
Si lo que ocurre en Ceuta es una
crisis migratoria, el asunto pertenece a Interior. Las herramientas son el
CETI, el reparto de menores entre comunidades autónomas, más efectivos, la Ley
de Extranjería y, en el límite, el cierre de la frontera. Todas gestionan el
efecto y ninguna toca la causa. Es la razón por la que llevamos cinco años
haciendo lo mismo con resultados idénticos. Cero.
Si lo que ocurre es coerción de
un Estado, el asunto es de política exterior y de seguridad nacional y deja de
ser bilateral. Las herramientas son la atribución pública documentada, la Ley
de Seguridad Nacional, la comunicación formal a la Comisión Europea, la
vinculación con la agenda comercial de la Unión y el instrumento anticoerción.
Y, sobre todo, cambia el sujeto, pues no sería la frontera de Ceuta, sino la
frontera exterior de la Unión Europea, el único límite terrestre que la UE
tiene con África. Que España haya gestionado durante veinte años como asunto
doméstico y policial algo que es una presión de un tercer Estado sobre
territorio comunitario no es un detalle administrativo. Es, probablemente, la
mayor de sus vulnerabilidades, porque significa que ha renunciado
voluntariamente al único terreno donde no está sola.
Queda una objeción legítima, pues
es cierto que la sentencia del Supremo estrecha el margen operativo inmediato.
Pero también lo es observar que un Estado cuya capacidad de sostener una
frontera exterior europea depende de un procedimiento sumario reiteradamente
cuestionado por sus tribunales tiene un problema estructural, con sentencia o
sin ella. Si la interpretación de la ley no es clara, lo que debe hacerse es
cambiarla para hacerla cristalina.
11. La pregunta correcta
En los próximos días escucharemos
cifras sobre cuántos entraron ayer, cuántos esta madrugada y cuántos fueron
devueltos. Habrá una visita ministerial, una comparecencia, una petición de
refuerzos y probablemente un conflicto entre el Estado y las comunidades
autónomas por el reparto de menores. Todo eso sucederá y nada de ello alterará
el fondo del asunto.
La pregunta que de verdad mide lo
que está ocurriendo no es cuántas personas entraron hoy en Ceuta.
Es por qué Melilla está
tranquila.
Primero de una serie de siete
artículos sobre la presión híbrida marroquí en Ceuta y Melilla y las opciones
estratégicas de España. El siguiente aborda la petición de cerrar la frontera y
por qué es, con toda probabilidad, la respuesta que Rabat prefiere.
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