Lo que Ifni, el Sáhara y Perejil enseñan sobre las compras de armamento españolas
INTRODUCCIÓN
En la madrugada del 29 de
noviembre de 1957, cinco trimotores CASA 352 lanzaron 75 paracaidistas sobre
Tiliuín mientras cinco bombarderos CASA 2.111 batían las posiciones que
cercaban el puesto. Los primeros eran Junkers Ju 52 fabricados en España; los segundos,
la versión española del Heinkel He 111 con el que la Luftwaffe había
bombardeado Londres. Los F-86 Sabre que Estados Unidos había entregado tras los
acuerdos de 1953 no podían emplearse en aquella guerra, porque Washington no
autorizaba el uso de su material de combate en un conflicto colonial; sí
permitió volar los entrenadores T-6 y los transportes de la misma ayuda. España
tenía reactores, pero no podía usarlos donde los necesitaba.
Casi setenta años después, el
debate español sobre compras de defensa sigue girando en torno a tres preguntas
legítimas, que son cuánto cuesta un sistema, cuánta carga de trabajo deja en
España y si es europeo. Pero falta la cuarta, la que Ifni dejó escrita. ¿Qué
haría cada proveedor en una crisis con Marruecos si España empleara el material
que le compra? Convertir esa pregunta en requisito es lo que aquí se llamará la
prueba del proveedor que se niega.
Junkers Ju 52 (HB-HOY) 14.jpg. Fuente: Wikipedia
La respuesta no se deduce de la
amistad ni de la alianza formal, sino de tres variables: 1) lo que el proveedor
tiene en juego en Marruecos, 2) su costumbre de usar las armas como instrumento
político y 3) el control que conserva sobre lo que vende. Los precedentes no
predicen conductas, pero muestran qué palancas tiene cada uno. Por eso la
prueba debe aplicarse también a los aliados, Estados Unidos y Francia, que
figuran, junto con Israel, entre los principales proveedores de Rabat.
1. Tres maneras de fallar
Ifni, 1957-1958: el proveedor
que prohíbe el uso. Los acuerdos de 1953 trajeron a España reactores,
adiestramiento y crédito, pero era Washington quien decidía qué parte del
material entregado podía emplearse en el África Occidental española. Autorizó
los entrenadores y los transportes, no los reactores de combate. De ahí la
escena de Tiliuín, con tripulaciones volando aviones de los años treinta
mientras los reactores modernos esperaban en sus bases. La primera lección es
elemental y se olvida con facilidad. Un sistema en inventario no es una
capacidad si otro decide dónde puede emplearse.
Sáhara, 1975: el aliado que
arbitra a favor del otro. La documentación desclasificada describe una
diplomacia estadounidense, y también francesa, que no deseaba un Sáhara
independiente y prefería una salida negociada que no desestabilizara a Hassan
II. Washington no presionó a Rabat para detener la Marcha Verde y favoreció la
negociación que desembocó en los Acuerdos de Madrid del 14 de noviembre. A
diferencia de Ifni, no consta de forma fehaciente una prohibición de emplear el
material estadounidense, pero según el investigador Stephen Zunes, citado por
Jacob Mundy en el Journal of North African Studies, Washington habría
advertido a Madrid de que cortaría la ayuda si se enfrentaba a Marruecos. Si
hubo o no una luz roja explícita de Kissinger sigue siendo materia de debate
entre historiadores, y no hace falta resolverlo. Lo documentado basta para
extraer la segunda lección. Un aliado puede ser neutral en la forma y parcial
en el efecto.
Perejil, 2002: el socio que se
aparta y el aliado que media. El 11 de julio, un pequeño destacamento de
gendarmes marroquíes ocupó el islote; el 17, una operación española los
desalojó. La presidencia danesa de la Unión Europea expresó de inmediato su
plena solidaridad con España, pero París se mantuvo cerca de Rabat. Aznar ha
relatado después que Chirac le sugirió entregar Ceuta y Melilla a Marruecos. La
OTAN pidió volver al statu quo, pero no tuvo papel alguno en la gestión. La
salida llegó de Washington, donde Colin Powell medió un acuerdo de vuelta al
statu quo anterior con el islote desmilitarizado. La tercera lección es que el
aliado que media fija los términos del regreso, y mediar no es defender.
Tres fallos, tres mecanismos
distintos. Ninguno exigió hostilidad hacia España; bastó con que el proveedor o
el aliado tuviera otra prioridad.
2. Quién arma hoy a Marruecos
Marruecos es ya, según el SIPRI,
el primer importador de armamento de África, por delante de Argelia y Egipto.
El SIPRI atribuye a Estados Unidos el 60% de las importaciones marroquíes de
2021 a 2025. Israel aporta el 24% y Francia el 10%. A ello se suman los drones
turcos, con el Akıncı en servicio según imágenes de satélite difundidas este
año y un proyecto de planta de Baykar en Benslimane.
Cada proveedor decide algo
distinto en un conflicto. Washington fija la duración y el techo, porque de sus
repuestos, su software y su munición dependen los F-16 (Lockheed Martin anunció
el 6 de octubre el primer vuelo del primer Block 72 marroquí), los helicópteros
Apache y, cuando lleguen, los lanzadores HIMARS con misiles ATACMS. Israel y
Turquía pesan sobre todo en la zona gris, el hostigamiento sostenido por debajo
del umbral de la guerra abierta, porque aportan vigilancia, la guerra
electrónica (la interferencia y escucha de las emisiones del adversario) y los
drones. París pesa, sobre todo, en la posición europea.
La crisis de Ceuta de julio de
2026 ofreció una muestra reciente, que conviene leer con precisión. El
embajador israelí ante la ONU preguntó en las redes por qué España conservaba
"enclaves coloniales" en África, y al día siguiente la embajadora en
funciones de Israel en Madrid aclaró que no hablaba en nombre del Estado. En
Washington, la crisis sacó a la luz un informe del Comité de Asignaciones de la
Cámara de Representantes, publicado en mayo y ajeno al articulado del proyecto
de ley al que acompañaba, que situaba Ceuta y Melilla en "territorio
marroquí". Ni el mensaje de un embajador ni el informe de un comité son la
política de un Estado, y nada de ello prueba quién provocó la crisis. Muestran
que en el entorno de dos grandes proveedores circulan ya, antes de cualquier
crisis y durante ella, lecturas desfavorables para España.
3. Cinco proveedores, dos maneras de vender
El concepto que ordena el
análisis es la simetría de proveedor, situación en la que un mismo
proveedor arma a España y a su adversario potencial en el mismo dominio. Le da
conocimiento de ambos clientes y la decisión sobre quién recibe primero la
actualización, el repuesto o la munición en una crisis. Es directa cuando el
mismo sistema figura en ambos inventarios y de dominio cuando ambos compran al
mismo país capacidades del mismo ámbito. La más peligrosa es la de información,
la del proveedor que conoce las bibliotecas de guerra electrónica y los modos
de emisión de los radares de los dos. Tiene también una ventaja inversa. Si
España opera el mismo sistema que su adversario, conoce desde dentro lo que
este tiene y puede diseñar contramedidas sin adquirirlo como capacidad propia.
La simetría, por sí sola, no mide
el riesgo, porque no todos venden igual. Los proveedores políticos
tratan el suministro de armas como instrumento de su política exterior y lo
condicionan cuando el empleo les incomoda; los mercaderes cumplen con
quien ya es cliente aunque esté en guerra. Corea del Sur es el ejemplo más
nítido del segundo tipo. En marzo de 2026, con los Emiratos bajo ataque iraní,
Seúl les adelantó unos 30 interceptores de los arsenales de su propia fuerza
aérea. Indra ha firmado con Hanwha un acuerdo vinculante para una artillería
autopropulsada derivada del K9, que se producirá en España, con ampliación de
la planta de Indra en Gijón; Marruecos ha recibido misiles antiaéreos
portátiles KP-SAM y evalúa el carro K2. Corea vende, pues, a los dos vecinos,
pero en capas distintas y sin alianza estratégica con ninguno, que es el perfil
de una simetría de dominio de riesgo bajo.
Las reglas de la última columna
se gradúan en tres niveles. La exclusión de dominio se aplica a quien
arma al adversario en el mismo dominio y mantiene con él una alianza
estructural. La diversificación obligatoria, al aliado indispensable que
es también socio militar del adversario, del que no debe depender en exclusiva
ninguna capa crítica que tenga alternativa. Y la interdependencia gestionada,
al socio europeo con relación privilegiada con Rabat, que puede seguir en los
programas comunes siempre que no tenga en solitario la llave de una capacidad
crítica. La gradación no mide solo el riesgo, sino también la existencia de
alternativa. Estados Unidos reúne las condiciones de la exclusión mejor que
nadie, y si no se le aplica es porque nadie puede sustituir lo que aporta, no
porque su riesgo sea menor. Donde la alternativa no existe, la regla deja de
evitar la dependencia y pasa a gestionarla.
La regla no discrimina por
nacionalidad, sino por dominio, por control y por la manera de vender. Turquía
vendió drones TB2 a Ucrania sin romper con Moscú, y cuando Canadá le cortó en
2020 las ópticas de esos drones, la industria turca las sustituyó con un sensor
de Aselsan. De Ankara cabe esperar menos un corte que un riesgo de información,
porque un mismo proveedor conoce a ambos clientes, y por eso su riesgo debe
gestionarse en sistemas sensibles, no en los de adiestramiento. El Hürjet lo
ilustra. España contrató 30 unidades a TUSAŞ en diciembre de 2025, pero Airbus
coordina la conversión nacional, lo que acota el riesgo.
El episodio canadiense enseña
algo más. El control no va por países, sino por componentes, y un mercader solo
es mercader hasta donde lo permiten las piezas políticas que lleva dentro. En
2020 Londres bloqueó la venta del avión coreano FA-50 a Argentina por sus
componentes británicos, y el Hürjet que España compra a Turquía vuela con un
motor estadounidense. En 2025, según el Wall Street Journal, el misil
británico Storm Shadow quedó sujeto a la autorización del Pentágono para su
empleo ucraniano contra Rusia, porque depende de datos de objetivo
estadounidenses. La prueba tiene que mirar el árbol de licencias de cada
sistema, no la bandera de quien lo integra.
La fila estadounidense exige
aclarar qué es ITAR, la normativa de control de exportación de material de
defensa de Estados Unidos. Cuando un sistema incorpora artículos o datos
técnicos sujetos a ella, su reexportación, modificación o mantenimiento pueden
requerir autorización de Washington, aunque se fabrique en Europa; el alcance
depende de cada componente y de cada licencia. Por eso la industria europea
persigue diseños libres de esos controles.
La simetría tiene, además, un
espejo. El patrullero Moulay Hassan I se ha construido para la Marina
Real marroquí en San Fernando, en los mismos astilleros públicos que sostienen
buena parte de la flota española. España también es el proveedor del vecino,
aunque esa familiaridad industrial le da conocimiento técnico, no control sobre
el buque.
4. La información también viaja hacia el sur
El corte de suministro es el
riesgo que se ve. Hay otro, más silencioso, que no exige que nadie se niegue a
nada, y es que el conocimiento de los sistemas españoles viaje hacia el
sur por los mismos cauces por los que llegan las piezas.
La defensa aérea marroquí lo
ilustra mejor que ningún otro dominio. Marruecos opera el Barak MX de la
israelí IAI, ha desplegado este año el SPYDER de Rafael en Sidi Yahya del Gharb,
según imágenes de satélite difundidas en mayo, y recibió en 2022 dos baterías
VL MICA de la francesa MBDA. Quien vende a Rabat su defensa antiaérea conoce
sus firmas radar, sus formas de onda y sus contramedidas electrónicas, y
conocería igual de bien las del sistema que vendiera a Madrid. No hace falta
una puerta trasera en el software. Basta el conocimiento compartido de la
arquitectura.
El segundo cauce es el mantenimiento.
Los informes de fallos, las piezas devueltas a fábrica, los registros de
mantenimiento y las peticiones de modificación viajan al proveedor, que aprende
de cada cliente para mejorar el producto de todos. En tiempo de paz eso es
ingeniería; en una crisis bilateral es un archivo sobre el comportamiento real
de los sistemas españoles en manos de quien también atiende al otro lado.
El tercero son las redes.
Las claves de identificación amigo-enemigo, los enlaces de datos aliados y las
actualizaciones del mando y control llegan por canales que España no gestiona
en solitario. La respuesta no es desconectarse de la OTAN, sino diseñar un
mando y control nacional capaz de federarse con los aliados en tiempo normal y
de operar aislado de ellos cuando la crisis sea bilateral.
Esta es la razón de fondo por la
que la exclusión de dominio no depende del Gobierno de turno. El embargo
español a Israel puede levantarse con otra mayoría parlamentaria, pero el hecho
de que el mismo fabricante conozca la defensa aérea de los dos vecinos no dejaría
de ser preocupante con ninguna votación. Donde el adversario opera sistemas del
mismo proveedor, el riesgo principal no es el corte, sino la transparencia y
hacia dónde fluye la información.
La exclusión, conviene decirlo,
tiene precio, y España ya lo ha pagado. La cancelación en 2025 del lanzacohetes
SILAM, de unos 697 millones de euros, y del misil anticarro Spike LR2, de unos
285, dejó dos huecos de capacidad sin un sustituto con fecha. Aplicada a la
defensa aérea del sur, la regla deja además una cartera estrecha, aunque no
vacía. El NASAMS dispara el mismo AMRAAM que Marruecos ha comprado, MBDA y los
fabricantes israelíes quedan fuera de las capas críticas y el Patriot está en
la cola. Lo que pasa la prueba es la familia alemana IRIS-T, en la que la
industria española ya participa, una posible opción coreana para la capa alta,
aún sin contrato, una defensa contradrón nacional, y el Patriot acotado a la
defensa antibalística aliada. No es una cartera cómoda ni inmediata, pero
existe. Esa cartera se desarrollará en un artículo de próxima publicación sobre
el escudo antiaéreo del sur.
5. Estados Unidos no se puede evitar y la Armada lo sabe mejor que
nadie
Washington es el ancla del
paraguas aliado y romper con él sería un farol que nadie creería. Rota y Morón
garantizan su interés en el Estrecho, no su alineamiento con Madrid; en 2002
ese interés se expresó como mediación. La simetría, además, ya está en los
inventarios. En 2020 Estados Unidos autorizó la venta a Marruecos de diez
misiles antibuque Harpoon, en una versión sin capacidad de ataque a tierra
según su notificación oficial, y en 2024 la de 30 misiles aire-aire AMRAAM;
ambos arman también a las fragatas y los cazas españoles. Quien decide qué
puede hacer el misil de un cliente sabe con exactitud qué puede hacer el del
otro.
El principio de Ifni, además,
sigue escrito. La ley estadounidense de control de exportación de armas limita
el empleo del material vendido a fines tasados, entre ellos la legítima defensa,
la seguridad interna, las operaciones de Naciones Unidas y los acuerdos
colectivos compatibles con su Carta. Quien interpreta si un empleo encaja en
esos fines es Washington. En 1975 el Congreso embargó a Turquía, aliado de la
OTAN, por emplear material estadounidense en Chipre. El permiso no se pide en
el momento del disparo; se cobra después, en la reposición.
Ucrania ofrece desde 2024 la
demostración en vivo, con dos salvedades. Lo que frenaba a Washington era el
riesgo de escalada con una potencia nuclear, no la preferencia por un tercero,
y el material era donado, no comprado. El mecanismo, sin embargo, es el mismo.
En noviembre de 2024 la Administración Biden autorizó por primera vez el empleo
de ATACMS contra territorio ruso. En marzo de 2025 Washington suspendió durante
unos días el intercambio de inteligencia y la ayuda militar, hasta que Kiev
aceptó negociar un alto el fuego de treinta días. En agosto, según el Wall
Street Journal, un nuevo proceso de revisión exigía la autorización del
secretario de Defensa para cada uso ucraniano de armas estadounidenses de largo
alcance, y no se confirmó un nuevo empleo del ATACMS contra objetivos en Rusia
hasta noviembre. Los límites se relajaron después, lo que confirma que el
permiso es una variable política y no técnica. El misil funcionaba; lo que
había que pedir era el dato y la autorización.
A veces ni siquiera hace falta
negarse. En septiembre de 2026, Washington advirtió a sus aliados de retrasos
de hasta cinco años en las entregas de Patriot, Tomahawk y otras municiones de
precisión, porque la guerra con Irán había vaciado sus arsenales y la prioridad
era reponer los propios. Las cuatro baterías Patriot que España contrató en
diciembre de 2025 no se esperan completas antes de 2031. El proveedor que se
niega no necesita negarse; le basta con poner al cliente a la cola. Y en
defensa aérea lo que cuenta no son las baterías, sino los interceptores en
suelo propio el primer día.
Ninguna rama de nuestras Fuerzas
Armadas ilustra mejor esa dependencia que la Armada. Las fragatas F-100 se
diseñaron en torno a Aegis, el sistema estadounidense que integra radar, mando
y control de tiro, y disparan misiles antiaéreos SM-2 y ESSM desde lanzadores
verticales Mk 41, también estadounidenses. Las F-110 combinan un sistema de
combate nacional, el SCOMBA de Navantia, con el lazo de tiro Aegis (la cadena
que une el radar, el mando y el misil hasta el impacto) y el radar SPY-7,
adquiridos por la vía FMS, la venta de Gobierno a Gobierno que gestiona el
Pentágono. Además, la aviación embarcada vuela el AV-8B, un Harrier de origen
británico fabricado en Estados Unidos. Pero no todas las dependencias son
iguales.
La primera es la dependencia
de mantenimiento. El sistema, una vez entregado, funciona sin pedir
permiso; una F-100 puede disparar los misiles que lleva en sus celdas contra
quien decida el Gobierno, y nadie en Washington aprieta un botón para
impedirlo. Lo que no puede es reponer los misiles disparados ni recibir
actualizaciones; la correa es larga y dura lo que duren los pañoles. El Harrier
lo ilustra, porque el Cuerpo de Marines retiró el último en junio de 2026, el
soporte estadounidense termina en 2028 y la Armada ha comprado cinco ejemplares
retirados para desmontarlos y estirar su flota hasta 2032. Los repuestos
compran tiempo, no futuro.
La segunda es la dependencia
de permiso, y aquí la correa es corta. No significa que el proveedor
autorice cada disparo en tiempo real, sino que el sistema necesita de él algo
más que repuestos para combatir, como datos, planeamiento, claves o enlaces que
caducan y deben renovarse. El misil de crucero Tomahawk se planifica con un
sistema de control y un software de distribución de misiones estadounidenses, y
se comunica en vuelo por enlace satélite con equipos criptográficos de la misma
procedencia. Así consta en el paquete autorizado a los Países Bajos en 2025. El
F-35 no tiene un interruptor remoto, como han negado el Pentágono y Lockheed
Martin, pero sus archivos de datos de misión, la biblioteca de amenazas que le
permite reconocer radares y misiles enemigos, se elaboran dentro del programa
en Estados Unidos. Incluso el Reino Unido, Australia y Canadá comparten su
laboratorio en la base de Eglin, en Florida.
Una segunda distinción cruza la
anterior y separa los sistemas de gran impacto que tienen alternativa en el
mercado de los que no la tienen. Juntas forman la matriz que debería preceder a
cualquier compra. Un mismo sistema puede acumular varias dependencias; la
casilla que se le asigna es la de la más restrictiva.
El cuadrante más cómodo ya se ha
resuelto bien, aunque nadie lo haya explicado en estos términos. En 2022 la
Armada eligió el misil noruego NSM para sustituir al Harpoon. El contrato, de
unos 305 millones de euros, va acompañado del objetivo de que la industria
española asuma un mantenimiento que llega al desmontaje completo del misil. Así
se reduce una dependencia simétrica en el momento de menor coste, la renovación
natural del sistema.
El SM-2 pertenece al cuadrante
duro. No consta que ningún interceptor europeo esté integrado en el lazo de
tiro Aegis, de modo que un buque elige su munición antiaérea para treinta años
en el momento en que se dibuja. Los paliativos son prosaicos, como los pañoles
llenos, el mantenimiento nacional en profundidad o la participación en los
consorcios de misiles navales. España tiene además con el Pentágono un acuerdo
de seguridad de suministro (SoSA) que le permite pedir prioridad a la industria
estadounidense, y Marruecos no; es una ventaja real, pero no vinculante, que se
suma a las reservas propias sin sustituirlas.
El Tomahawk obliga a una
conclusión incómoda. Washington dio su aprobación política en 2005 y notificó
la venta al Congreso en 2008, pero el proyecto se abandonó, aunque los
lanzadores de las fragatas lo admiten y se planeaba que los submarinos S-80
también pudieran hacerlo. Si algún día se compra, debe comprarse como lo que
es, un arma de gran valor en coalición y de utilidad limitada como disuasión
nacional, porque su planeamiento, sus enlaces y la licencia que ampara su
empleo dependen del primer proveedor y aliado estratégico de Marruecos. En el
artículo “el
colmillo del S-80” analizo las alternativas al Tomahawk para España.
El F-35 ocupa la última casilla,
y no es solo un problema de la Armada. Desde tierra sería el mejor nodo de
sensores de las Fuerzas Armadas y una de sus mejores plataformas para la
supresión y destrucción de defensas aéreas enemigas (SEAD y DEAD, en sus siglas
inglesas), la misión que abre el espacio aéreo a todas las demás. Embarcado es
el único avión de despegue corto y aterrizaje vertical en producción, sin el
cual el Juan Carlos I perderá su ala fija. El Gobierno aparcó su compra
en agosto de 2025 aunque por motivos políticos y no operativos que son, a mi
juicio, los más relevantes, tal y como indico en mi artículo “¿F-35?
No, gracias”.
La paradoja es total. Suprimir
una defensa antiaérea moderna exige bibliotecas de amenazas precisas y
actualizadas. Esas bibliotecas se elaborarían en un programa gobernado por Estados
Unidos, el mismo que moderniza la aviación marroquí, bajo una licencia que ese
mismo país interpreta. De modo que la capacidad más valiosa en el escenario
nacional sería la menos disponible con total seguridad. Comprar el F-35 puede
tener pleno sentido como capacidad aliada; contarlo como nacional exige
negociar antes, por escrito, el acceso soberano a sus datos de misión y al
mantenimiento de las aeronaves, algo que Estados Unidos ha concedido únicamente
a Israel y que ni siquiera posee Reino Unido, con su “relación especial”. Bien
es verdad que el Reino Unido no teme enfrentarse a un Major Non-NATO Ally
(MNNA) americano como es Marruecos. Sin esa condición, la supresión de defensas
habrá que confiarla a armas europeas de largo alcance (casi todas de MBDA, a
las que se les aplica la interdependencia gestionada y no la exclusión), guerra
electrónica propia o drones.
6. Francia: el riesgo está dentro de los consorcios
Con París el peligro no es un
cierre general de ventas en tiempo de guerra, porque Francia vende con
naturalidad a clientes en conflicto. El peligro es selectivo. En 1967 suspendió
las entregas a Israel y en 1982 cortó el apoyo a los Exocet argentinos y ayudó
a Londres a contrarrestarlos; en ambos casos, el cliente combatía contra un
interés al que París daba más valor. Su huella material en Marruecos declina en
artillería y espacio, porque los obuses CAESAR han sido desplazados por la
artillería israelí ATMOS y los satélites Mohammed VI se sustituyen por otros
israelíes. No declina en defensa aérea, donde MBDA arma la defensa de corto
alcance marroquí con el VL MICA. La exposición francesa ha pasado en buena
medida de los arsenales a la política, y es ahí donde duele, como ocurrió
cuando Europa debía establecer una postura común sobre Perejil.
El riesgo está dentro de los
programas europeos, donde Francia comparte con España la autoridad de diseño,
los calendarios y, sobre todo, el mantenimiento de sistemas que seguirán en
servicio en la segunda mitad del siglo. La participación española en esos
programas vale exactamente lo que valga la carga de trabajo tecnológico que
retenga, no el porcentaje nominal del consorcio. Quien depende de un único suministrador
de armamento no tiene palanca para negociar. La respuesta no es salir de
Europa, sino negociar dentro de ella autoridad de diseño, derechos sobre los
datos técnicos y capacidad nacional de reparación. Y diversificar socios con
Italia, Alemania o los nórdicos, para que nadie con agenda magrebí propia tenga
la llave del mantenimiento. En defensa aérea la consecuencia es más estricta, y
MBDA no debería ser proveedor principal de ninguna capa crítica del sur, aunque
siga en los programas comunes. Diversificar cuesta interoperabilidad y escala; el
NSM noruego muestra que el coste puede pagarse en el ciclo natural de
sustitución.
7. La regla
Todo lo anterior cabe en un
procedimiento. La prueba del proveedor que se niega es la evaluación,
previa a toda adquisición estratégica, de lo que ocurriría si el proveedor
suspendiera uso, mantenimiento, munición o actualizaciones durante una crisis
con Marruecos. Se diseña para el escenario más probable, el desgaste sostenido
de semanas o meses por debajo del umbral de la guerra abierta, que es el que
más castiga las dependencias de mantenimiento. Se aplica a todos los
proveedores, aliados incluidos, y en los dominios de la zona gris (vigilancia,
guerra electrónica, defensa contra drones), que son los del desgaste más
probable y los de ciclos de actualización más cortos, la exigencia debe ser
mayor, porque ahí la correa se acorta sola. Todo ello se resume en tres
preguntas obligatorias.
- ¿Qué haría este proveedor si España empleara este
sistema contra Marruecos?
- ¿Arma ese mismo proveedor a Marruecos en el mismo
dominio?
- ¿Quién controla las actualizaciones, la munición,
el código fuente, los datos que el sistema genera y las licencias de sus
componentes?
Las respuestas deben quedar
escritas en el expediente de adquisición, con las restricciones que condicionen
el empleo autónomo, el tiempo que el sistema resistiría sin entregas, lo que
España puede reparar sin autorización ajena y lo que costaría sustituirlo. La
evaluación termina en una decisión explícita, que puede ser aceptar el riesgo,
mitigarlo con reservas o capacidades nacionales, diversificar o renunciar. La
prueba no prohíbe comprar de antemano; obliga a saber qué se compra, y si se
acepta una dependencia que no puede mitigarse.
La regla no exige un Gobierno de
un color ni una ruptura con nadie. Exige un apartado más en cada expediente. Es
la lección de Ifni convertida en procedimiento, aplicable por cualquier
Gobierno y verificable por cualquier Parlamento.
En 1958 España aprendió que el
material prestado viene con condiciones de uso; en 1975, que un aliado puede
arbitrar a favor del otro; en 2002, que los aliados median o enredan en lugar
de defender. Aprender la lección por cuarta vez, con el material ya pagado,
saldría bastante más caro; Ucrania lo está comprobando ahora.
No hay comentarios:
Publicar un comentario