Después del SILAM, el K239 Chunmoo

El lanzacohetes que España ya debería estar comprando

 

1. Quince años sin cohetes

El 31 de diciembre de 2011, el Ejército de Tierra retiró el Teruel, el lanzacohetes múltiple de 140 mm que entonces equipaba al RALCA 62 en Astorga. No fue una modernización. Fue una amputación sin sustituto. El actual RALCA 63 conserva la tradición y la misión de fuegos en profundidad, pero sigue sin disponer de material lanzacohetes.

España no está intentando sustituir un lanzacohetes viejo. Lleva quince años intentando recuperar uno que dejó morir.

Ese vacío no es táctico. Un ejército que no puede batir objetivos más allá de los veinte kilómetros de la artillería de tubo convencional depende de sus aliados para cualquier operación de profundidad, de contrabatería frente a sistemas enemigos de largo alcance y de la interdición de los nodos logísticos, de mando y de reservas del adversario. En los conflictos contemporáneos, y Ucrania lo ha demostrado con una elocuencia que ningún manual de doctrina puede igualar, quien no tiene cohetes no tiene fuegos de profundidad. Y quien no tiene fuegos de profundidad no tiene iniciativa operacional.

El programa SILAM (Sistema de Infantería de Largo Alcance Múltiple) se adjudicó en 2023 a la UTE Escribano-Expal, con un presupuesto de 697 millones de euros con IVA, para doce lanzadores PULS de Elbit Systems. El 9 de septiembre de 2025, esa adjudicación quedó cancelada como consecuencia directa de la política española de desconexión tecnológica con Israel tras el conflicto en Gaza. España volvió al punto de partida.

K239 Chunmoo. El mismo sistema que Polonia lleva desplegando desde 2023; España, sin equivalente desde 2011. Imagen del ROK Ministry of National Defense.

Lo que ocurrió después es lo que exige análisis. Y el análisis apunta en una dirección que el Ministerio de Defensa todavía no ha enunciado en voz alta.

 

2. El K9 abre una puerta que España todavía no ha utilizado

En diciembre de 2025, Defensa formalizó el programa de obús autopropulsado de cadenas, con un presupuesto de unos 4.554 millones de euros con IVA, y en 2026 Indra cerró con Hanwha Aerospace los acuerdos para fabricar en España el K9 Thunder, el último de ellos firmado en agosto. El acuerdo incluye 128 obuses autopropulsados de 155 mm, 120 vehículos de reabastecimiento de munición K10, 11 puestos de mando y 21 vehículos de recuperación acorazada, por un importe total de unos 4.554 millones de euros. Indra diseñará y fabricará las barcazas en El Tallerón, en Gijón; integrará los sistemas de misión, el sistema de gestión del combate (BMS, por sus siglas en inglés) y las comunicaciones, con autoridad de diseño sobre la plataforma española y una inversión industrial comprometida de unos 130 millones de euros.

No es el mismo camión que el K239. Es la misma relación industrial. Y eso importa porque la adquisición del K9 ya está pagando parte del coste de aprender a trabajar con Hanwha Aerospace, transferir tecnología y producir en España.

Esa relación abre una puerta. Hanwha Aerospace fabrica también el K239 Chunmoo y España dispone ya de una red de integración nacional (Indra, Escribano, Expal, la infraestructura industrial de El Tallerón) y de una lógica de transferencia tecnológica negociada y en marcha. Activar esa red para un segundo sistema de armas del mismo proveedor sería la secuencia lógica de lo que España acaba de firmar.

La hipótesis no es exclusivamente española. En enero de 2026, Hanwha Aerospace cerró el contrato de suministro del K239 a Noruega: 16 lanzadores, munición guiada y un paquete completo de instrucción y sostenimiento por unos 922 millones de dólares. Noruega había contratado el K9 antes. El 10 de septiembre de 2026, Croacia firmó la adquisición de 18 K239 con entregas hasta 2029, añadiendo un contrato independiente con WB Electronics para el mando y control (C2), es decir, el sistema que enlaza sensores, puestos de mando y lanzadores. Polonia lleva 156 módulos entregados a finales de 2025 de un total de 290 contratados, y firmó en diciembre de 2025 el acuerdo para fabricar munición CGR-080 en su territorio desde 2030. El Chunmoo ha dejado de ser una solución exótica y se ha convertido en uno de los nuevos ecosistemas europeos de fuegos de profundidad.

 

3. Chunmoo: un lanzador, varias profundidades

El K239 es un sistema de lanzamiento múltiple montado sobre un camión 8×8. Su rasgo definitorio es la arquitectura de doble pod independiente: cada lanzador puede cargar simultáneamente dos pods de munición diferente, lo que permite mezclar misiones en una misma plataforma sin reconfiguraciones de tiempo. HIMARS, con su pod único, no tiene esa capacidad.

La familia de munición públicamente asociada al K239 tiene cinco escalones:

CEP (error circular probable): radio del círculo dentro del cual cae la mitad de los disparos.

El CGR-080 existe también en configuración de munición en racimo. España, como Estado parte de la Convención sobre Municiones en Racimo en vigor desde agosto de 2010, solo podría plantearse la variante de cabeza unitaria.

El CTM-290 merece una nota de geografía estratégica. Desde posiciones en el Campo de Gibraltar, los 290 kilómetros sitúan Rabat dentro del alcance nominal del sistema, a unos 265 kilómetros; Casablanca, a unos 345, queda fuera. Su alcance se queda deliberadamente por debajo del umbral de 300 kilómetros del Régimen de Control de Tecnología de Misiles (MTCR). No es un tratado, sino un compromiso político entre los países adheridos, España entre ellos desde 1990, para controlar lo que exportan. Los sistemas capaces de llevar 500 kilos a más de 300 kilómetros, llamados de Categoría I, están sometidos a una "fuerte presunción de denegación"; los que superan los 300 kilómetros con una carga menor, de Categoría II, se autorizan caso por caso. Quedándose por debajo, Corea puede exportar la CTM-290 como un sistema convencional más. El régimen no limita lo que cada país desarrolla; condiciona lo que se transfiere, y ahí está su verdadero peso. El sexto escalón está llegando. Noruega ha contratado munición del sistema con capacidad de hasta 500 kilómetros, que recibirá en 2030 y 2031, aunque Hanwha Aerospace no ha publicado sus características y no hay datos de su cualificación. España no debe anclar ninguna fase del programa en ese misil hasta que esté probado; sí debe asegurarse desde el principio una opción de compra y, como sostiene la sección 9, una participación en su fabricación y en su evolución.

 

4. Los tres problemas que doce lanzadores no resuelven solos

La sección anterior describe munición. Esta describe el problema real.

El primer problema: el requisito de alcance. El concepto Fuerza 35 estableció para la batería de lanzacohetes orgánica de brigada un alcance en torno a los 120-130 kilómetros. El CGR-080 alcanza 80 kilómetros. Una Fase A con solo CGR-080 no satisface ese requisito. La solución no es renunciar al Chunmoo; es contratar la CTM-MR como opción desde el primer día, con precio y plazo de ejercicio establecidos en el contrato, no como aspiración política.

El segundo problema: el sistema de fuegos. España no necesita comprar lanzadores o no sólo. Necesita comprar un sistema de fuegos. La experiencia ucraniana, documentada con precisión por RUSI, ha demostrado que los sensores de adquisición de objetivos, el radar de contrabatería, los drones (UAV) de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) y un mando y control capaz de cerrar el ciclo sensor-tirador determinan la eficacia tanto como el lanzador mismo. Sin esa cadena, doce lanzadores son doce vehículos caros esperando coordenadas. Una Fase A que solo compra el camión no compra capacidad.

El problema crece con el alcance. Los drones de una batería ven decenas de kilómetros; un objetivo a 160, 290 o 500 kilómetros dentro de Marruecos exige drones de gran autonomía, satélites e inteligencia conjunta, medios que pertenecen al Ejército del Aire y del Espacio y al Estado Mayor de la Defensa, no al Ejército de Tierra. Y en un escenario bilateral con Rabat no hay garantía de que los datos aliados fluyan. Sin esa cadena nacional, la munición larga solo sirve contra blancos fijos conocidos de antemano, que es mucho menos de lo que promete.

La lista mínima para que una Fase A sea un sistema y no una foto incluye vehículos de recarga (K239T o equivalente), un stock inicial de CGR-080 cuantificado, un radar de contrabatería o lote puente, UAV de designación integrados en el BMS, un plan de polígono viable para disparo a 80 kilómetros antes de 2029 y el apoyo logístico integrado (ILS), que agrupa instrucción, repuestos y sostenimiento durante la vida del sistema. Noruega acaba de demostrarlo: 16 lanzadores con munición guiada, ILS y paquete completo costaron unos 922 millones de dólares, dentro de un programa de fuegos que se aproxima a los 2.000 millones. Doce lanzadores españoles, si la Fase A incluye munición y sensores, no saldrán por 400 millones. Un orden de magnitud honesto es "por encima de mil millones si se compra el sistema; sustancialmente menos si se compra solo el camión". La segunda opción no es una Fase A; es aplazar el problema.

El tercer problema: la orgánica. El concepto Fuerza 35 hablaba de una batería de lanzacohetes por brigada, pero ese modelo estaba pensado para cohetes de 80 kilómetros. Con munición de 160 o 290 kilómetros, los fuegos de profundidad son un activo de división y de teatro, y se concentran en grupos; la sección 10 desarrolla el argumento. Dos baterías de seis lanzadores son la decisión correcta para la capacidad operativa inicial (IOC, por sus siglas en inglés), es decir, el primer escalón capaz de cumplir la misión. Si no se distingue ahora entre esa IOC y el objetivo de fuerza, los doce iniciales acabarán siendo, como tantas veces, la cifra definitiva.

 

5. Polonia: comprar primero, fabricar después

El caso polaco es el precedente que el debate español cita sin extraer la lección que importa.

Polonia firmó su primer contrato de 218 lanzadores Homar-K en noviembre de 2022, cuando no tenía ni una línea de producción de CGR-080 ni un operador formado. El segundo contrato, de 72 unidades adicionales, llegó en abril de 2024. A finales de 2025, Hanwha había entregado 156 módulos, de los que al menos 108 estaban ya montados sobre camión Jelcz y en servicio. El 29 de diciembre de 2025 firmó el acuerdo para producir CGR-080 en la fábrica de Gorzów, en una empresa conjunta de Hanwha y WB Electronics, con primeras municiones nacionales previstas para 2030.

La secuencia polaca fue compra de capacidad operativa, formación, operación, negociación industrial desde la posición de usuario consolidado y, por último, fabricación nacional. No al revés.

Polonia partía de cero en cohetes guiados de 239 mm. España cuenta con Rheinmetall Expal y sus capacidades industriales en propulsión de cohetes, munición y fabricación de componentes, aunque no dispone hoy de una línea española cualificada para fabricar el CGR-080. Ese conocimiento reduce el tiempo de la Fase B española respecto a la polaca; no lo elimina, pero acorta la curva.

La soberanía no es una condición de entrada; es una trayectoria de adquisición.

 

6. Tres alternativas y una decisión

El lector informado tiene derecho a una pregunta directa: ¿por qué Chunmoo y no HIMARS, EuroPULS o un programa nacional?

HIMARS ofrece madurez demostrada, interoperabilidad con el parque estadounidense de munición guiada y una cadena logística OTAN establecida. Su limitación no es técnica. Es estructural. El empleo de misiles ATACMS o de cohetes guiados GMLRS avanzados bajo HIMARS está sujeto al reglamento estadounidense de tráfico internacional de armas (ITAR) y a autorización caso por caso para cualquier reexportación. No se trata de que Washington exija permiso para cada disparo; se trata de que España dependería del ecosistema de munición, software y repuestos de un único proveedor cuya agenda estratégica es la suya, no necesariamente la española. El argumento no es de desconfianza política; es de planificación de capacidades.

EuroPULS es una arquitectura sólida con creciente implantación europea en Países Bajos, Dinamarca, Grecia y Alemania. Técnicamente merece ser evaluado con seriedad. El problema es político-industrial, porque el PULS sigue siendo un sistema de Elbit Systems. La caída del SILAM fue la consecuencia directa de que España no puede anclar una capacidad crítica de fuegos en tecnología israelí mientras ese vínculo permanezca políticamente intransitable. El caso alemán añade que la independencia física del lanzador no elimina las restricciones sobre munición estadounidense, pues Washington rechazó durante 2025 y 2026 la integración de GMLRS en EuroPULS.

Hay además un argumento que sobrevive a cualquier cambio de Gobierno en Madrid. Israel vende a Marruecos la defensa antiaérea Barak MX y el sistema SPYDER, y conoce, por tanto, las firmas radar, las formas de onda y los parámetros de los interceptores con los que Rabat protegería su territorio. Marruecos, además, ya opera el PULS. Un sistema de fuegos español construido sobre tecnología de Elbit se enfrentaría a un adversario que conoce el lanzador desde dentro y cuyo proveedor conoce la arquitectura de ambos bandos, conocimiento que podría compartir con en aliado estratégico como Marruecos. El embargo es reversible, pero ese conocimiento compartido no lo es.

El desarrollo nacional, presentado a finales de 2025 por Escribano (EM&E) y Rheinmetall Expal, y que en agosto de 2026 Defensa todavía pedía reforzar con más participación de la industria nacional, tiene una lógica industrial comprensible. La propuesta implica desarrollar y cualificar una familia completa de lanzadores, vehículos de reconocimiento, puestos de mando y munición cuya madurez industrial todavía debe demostrarse. En ausencia de un calendario contractual público, 2035 sería una estimación optimista para alcanzar una capacidad inicial plenamente madura. España llevaría entonces 24 años sin cohetes. El riesgo tecnológico y de calendario de esta opción es sustancialmente mayor que el de adquirir un sistema en producción y en servicio.

El Chunmoo es maduro, está en producción, tiene usuarios europeos con contratos en curso, ha demostrado viabilidad de fabricación nacional de munición y, sobre todo, permite activar una relación industrial española ya construida y pagada con el K9. No es una solución perfecta; es la menos imperfecta entre las disponibles en el plazo que el vacío de capacidad exige.

 

7. Marruecos ya tiene profundidad de fuegos

Mientras España lleva quince años sin lanzacohetes, Marruecos ha construido varias familias operativas de lanzacohetes múltiples (MLRS, por sus siglas en inglés).

El BM-21 es capacidad de saturación táctica, no profundidad operacional. El PHL-03 cuenta con aproximadamente 36 sistemas operativos de largo alcance, en servicio desde finales de la década pasada, con alcance suficiente para batir el Campo de Gibraltar y proyectar fuegos sobre Andalucía occidental desde la orilla norte marroquí. Desde la costa de Tarfaya, ese mismo sistema cubre Fuerteventura y Lanzarote, a entre 110 y 130 kilómetros. El PULS está operativo al menos desde 2025, aunque la cifra exacta de lanzadores no es pública. Los 18 HIMARS fueron autorizados en 2023; la documentación abierta confirma que 10 figuran "on contract" para el programa de apoyo FY2027, aunque eso no fija por sí solo las fechas de entrega.

El inventario marroquí no plantea un escenario de guerra inminente, pero sí algo más relevante para el planeamiento de capacidades: una asimetría que existe independientemente de la política. Marruecos puede batir objetivos en profundidad desde el norte y el sur del país. España, a día de hoy y durante muchos años si seguimos con el plan establecido, no puede hacer lo mismo ni desde la Península ni desde Canarias.

 

8. La dependencia también es una variable militar

La asimetría de inventario tiene una segunda dimensión que el debate público español ignora.

Estados Unidos considera a Marruecos un Major Non-NATO Ally desde 2004, mantiene una relación de cooperación militar estable y consolidada que incluye los ejercicios African Lion y, en abril de 2026, ambos países firmaron una nueva hoja de ruta de defensa para el período 2026-2036. España no debería diseñar una capacidad crítica de fuegos suponiendo que el proveedor estadounidense será políticamente indiferente en un escenario bilateral hispano-marroquí. Esa es una hipótesis de planeamiento, no una afirmación sobre intenciones.

Si España adoptase HIMARS, su cadena de munición guiada dependería del sistema estadounidense de ventas militares al extranjero (FMS). Washington no necesitaría vetar ningún disparo; le bastaría con ralentizar la reposición de munición, las actualizaciones de software o el suministro de repuestos. En una crisis bilateral donde Washington mantuviese intereses sustanciales en ambas orillas del Estrecho, esa dependencia dejaría de ser teórica. ¿Suministraría EE.UU. sus proyectiles a España en caso de conflicto con su Major Non-NATO Ally? Probablemente, no.

Hay un segundo argumento sobre el adversario específico. Un K239 español sería menos familiar para las Fuerzas Armadas Reales (FAR) marroquíes que un PULS o un HIMARS. Las características principales del sistema son públicas, pero Marruecos no tendría experiencia orgánica con la configuración española concreta, sus procedimientos de mando y control, su doctrina de empleo y su sostenimiento. Esa diferencia no da ventaja táctica decisiva, pero preserva la opacidad mínima que cualquier planificación de disuasión requiere.

Compartir sistema y munición con Polonia aumenta la interoperabilidad dentro de la arquitectura Chunmoo. Interoperar con Alemania, Países Bajos y otros usuarios de PULS exige otra cosa: mando y control compartido, enlaces de datos, procedimientos y estándares comunes. La interoperabilidad OTAN no la da el camión; la da el ecosistema de mando, control y munición. Eso vale tanto para el Chunmoo como para cualquier otro sistema.

 

9. La propuesta PARA ESPAÑA: capacidad primero, soberanía después

La Fase A debería tener un objetivo definido, como es recuperar la capacidad de fuegos en profundidad antes de 2030. Eso significa un lote inicial de doce lanzadores como IOC, no como objetivo final de fuerza, pero basadas ya en el eje Córdoba-Sevilla, como núcleo del futuro grupo del teatro sur. Los primeros cohetes van donde está la amenaza.

Una Fase A que solo compra doce lanzadores repite el error conceptual del SILAM, porque aquellos doce PULS tampoco eran un sistema. La Fase A debe presupuestar vehículos de recarga, una cantidad concreta de CGR-080 (no "munición suficiente" en prosa), un radar de contrabatería o lote puente, UAV ISR integrados en el BMS, un polígono de entrenamiento habilitado para alcances de 80 kilómetros antes de 2029 e ILS. Ese es el precio real de recuperar la capacidad; el precio de comprar solo los camiones es la mitad de una capacidad que no sirve.

La CTM-MR y la CTM-290 deben figurar como cláusulas de opción con precio y plazo de ejercicio desde el primer día, junto con la autorización de exportación coreana para el misil largo, que Seúl ya concedió a Polonia. Sin ellas, la brecha de 120-130 kilómetros que establece Fuerza 35 seguirá abierta el día de la IOC, y el grupo canario nacerá sin la munición que justifica su existencia.

La Fase B, entre 2030 y 2035, es la fabricación en España y no puede negociarse como una segunda etapa separada. Debe firmarse en el mismo contrato que la Fase A, como hizo Polonia en 2022 al incluir en su acuerdo marco la versión sobre camión Jelcz, porque la integración del lanzador sobre chasis nacional necesita diseñarse y cualificarse entre 2027 y 2029 para que el primer ejemplar español salga en 2030. Esperar a que la Fase A esté entregada para empezar a negociar la Fase B es la forma más segura de convertir la brecha entre el lanzador doce y el trece en años perdidos.

Los cuarenta y ocho lanzadores restantes se ensamblan sobre chasis nacional o europeo, con mando y control y sensores españoles, y en paralelo se coproduce el CGR-080 con Hanwha Aerospace, con Rheinmetall Expal como candidato natural por su conocimiento en propulsión de cohetes. Producir bajo licencia no es soberanía plena, porque la propiedad intelectual y la autorización del fabricante siguen pesando; pero es el paso intermedio indispensable. El contrato debe incluir, además, una cláusula de respaldo: si el primer lanzador español no está cualificado en 2031, España ejerce una opción de unidades adicionales fabricadas en Corea, ya integradas con el mando y control nacional. Un retraso industrial no tiene por qué convertirse en un retraso operativo.

La Fase C, a partir de 2035, cierra el ciclo con la autoridad de diseño progresiva sobre la munición de largo alcance y el núcleo de fuego del lanzador. Polonia, que compró en 2022, fabricará sus primeros cohetes en 2030 por transferencia de tecnología y todavía no tiene autoridad de diseño; esa trayectoria se mide en más de una década. Ese es el plazo de la soberanía, no el de la fuerza, que puede estar completa en 2035.

La soberanía, sin embargo, no culmina en fabricar el cohete de 80 kilómetros, ni siquiera en coproducir la CTM-MR. Culmina en la munición más larga. Noruega ha demostrado que Corea está dispuesta a venderla: su contrato de enero de 2026 incluye misiles con capacidad de hasta 500 kilómetros, que se fabricarán en Polonia. España debe pedir lo mismo y algo más. Lo mismo es la opción de compra de esa munición desde la Fase A. Algo más es una Fase D, la fabricación en España de la munición de largo alcance y el codesarrollo con Hanwha Aerospace de sus versiones futuras, de 500 kilómetros o más, con propiedad intelectual compartida. Comprar a una fábrica polaca lo que diseña Corea no reduce la dependencia; la duplica.

Su acuerdo marco debe firmarse en 2026, junto con las Fases A y B, porque es entonces cuando España negocia como cliente de sesenta lanzadores y no como usuario ya dependiente. El desarrollo ocuparía la década siguiente; las primeras unidades de serie llegarían hacia 2037-2040, cuando la fuerza completa lleve ya varios años disparando munición coreana.

La vía bilateral es preferible a la europea, y no por capricho. Los grandes programas europeos, del A400M al bloqueado FCAS, reparten la carga industrial por cuotas nacionales, acumulan años de retraso y terminan en manos de París o Berlín; en fuegos de largo alcance, además, Francia y Alemania tienen industrias de misiles propias que proteger, y España no. El acuerdo con Hanwha parte de una base que ya existe, la CTM-290, y tiene una ventaja que ningún consorcio ofrece: el fabricante de la munición es también el del lanzador, de modo que la integración no depende de un tercero. España no llegaría como mera pagadora. Aportaría el mercado de referencia en Europa occidental, una segunda línea de producción en suelo europeo, la propulsión de Rheinmetall Expal, los actuadores de SENER, la navegación resistente a interferencias de GMV y un polígono atlántico donde disparar a 500 kilómetros sobre mar abierto.

Preferir la vía bilateral no obliga a ignorar la europea. España no forma parte de ELSA, la iniciativa europea de ataque de largo alcance que agrupa a Francia, Alemania, Italia, Polonia, Suecia y el Reino Unido. Polonia demuestra que ambas cosas no se excluyen, porque es a la vez el mayor usuario del Chunmoo y socio de ELSA. Estar dentro no obliga a cambiar de lanzador; quedarse fuera significa no tener voz en lo que Europa decida sobre fuegos de largo alcance durante la próxima década.

El obstáculo no es industrial, sino político, y está en Seúl, aunque es menor de lo que parece. La fuerte presunción de denegación del MTCR solo rige si la munición puede llevar 500 kilos a más de 300 kilómetros; con una cabeza más ligera, la transferencia se decide caso por caso, y Corea ya ha aceptado montar líneas de misiles en Polonia. Lo que nunca ha concedido es propiedad intelectual compartida sobre un misil. Si se niega, el plan B no es el consorcio europeo, sino la fabricación bajo licencia en España, como la polaca. Da menos soberanía, pero sigue siendo mucho más que no tener nada.

Todo este calendario cuelga de una posible adjudicación en 2026. No hay procedimiento público en marcha, y el año está a punto de terminar. Noruega, que firmó en enero de 2026, recibirá los lanzadores en 2028 y 2029 y los misiles en 2030 y 2031; ese es el plazo de referencia, y España entraría en la cola de Hanwha detrás de ella, de Polonia y de Croacia. Si Defensa no adjudica el programa antes de fin de año, la IOC con munición se desplaza a 2031 y la fuerza completa a 2036. Cada trimestre de retraso en la firma no es un retraso administrativo; es un año menos de margen antes de que España tenga que explicar por qué seguía sin cohetes de profundidad dieciséis años después de retirar el Teruel.

 

10. El objetivo de fuerza: cuántos, dónde y fabricados por quién

Los doce lanzadores de la Fase A nunca fueron un objetivo de fuerza; son el punto de partida mínimamente defendible para reconstituir la capacidad. Confundir ese arranque con el objetivo final sería repetir el error que condenó la artillería de cohetes española durante quince años.

La comparación es demoledora y hay que enunciarla como dato. Marruecos alinea hoy unos 36 PHL-03, al menos una batería de PULS y 18 HIMARS autorizados; se acerca a los sesenta lanzadores de largo alcance si se cuentan los HIMARS autorizados, sin sumar los BM-21 de saturación. Polonia contrató 290. Croacia, un país de cuatro millones de habitantes, firmó 18. España, cuarta economía del euro, con dos frentes marítimos y un archipiélago atlántico, aspira a doce. La cifra no resiste el contraste.

10.1. El bloque de construcción

Para derivar un objetivo de fuerza de la misión, y no del presupuesto, hace falta fijar primero la unidad de medida. La práctica OTAN para artillería de cohetes sobre ruedas es estable en este punto.

El grupo de 18 lanzadores equivale en volumen a un batallón de lanzacohetes europeo estándar. Es la unidad que sostiene una misión de fuegos profundos de forma continua, con lanzadores en tiro, en recarga y en desplazamiento a la vez. Doce lanzadores son un grupo reducido; disparan, pero no sostienen. Ahí reside la diferencia entre recuperar la capacidad y disponer de ella.

10.2. Por qué la "batería por brigada" de Fuerza 35 ya no sirve

El concepto Fuerza 35 estableció una batería de lanzacohetes orgánica por brigada. Ese modelo tenía sentido cuando el cohete llegaba a 80 kilómetros y era, en esencia, artillería de tubo con más alcance. Ha dejado de tenerlo.

Un sistema que dispara munición a 160 kilómetros (CTM-MR) o a 290 (CTM-290) no es un activo de brigada; es un activo de división y de teatro. El comandante de una brigada no planea la batalla profunda a trescientos kilómetros; la planea el jefe de la división o del componente terrestre. Diseminar un misil balístico táctico entre ocho brigadas fragmenta el efecto, multiplica la logística y entrega a cada unidad un arma cuyo empleo excede su nivel de decisión. La concentración de fuegos profundos en el escalón operacional no es una preferencia doctrinal; es la lección repetida de Ucrania, donde la masa de cohetes se decide en manos del mando operacional, no del táctico.

La consecuencia para el dimensionamiento es directa. No se cuenta "una batería por cada una de las ocho brigadas"; e cuenta por grupos asignados a la división desplegable y al teatro que hay que defender. El bloque de construcción no es la batería dispersa. Es el grupo concentrado.

10.3. El problema político que nadie afronta

España tiene dos misiones de fuegos profundos que compiten por el mismo material. La primera es el compromiso aliado; la División "Castillejos" es la gran unidad desplegable ante la OTAN, y si el flanco este se activa, su artillería de cohetes se va con ella al este de Europa. La segunda es la defensa del territorio en el teatro sur, donde la amenaza no está en Estonia sino a catorce kilómetros de Tarifa.

Un solo grupo no cubre ambas. Si el grupo proyectable marcha al este, el Estrecho se queda a cero; si se reserva para el sur, España incumple su aportación aliada. La masa crítica mínima para no elegir entre la OTAN y Andalucía son 36 lanzadores. Todo lo que quede por debajo obliga a un descubierto permanente en uno de los dos teatros. Conviene precisar, eso sí, lo que compran esos 36. Bastan para tener un grupo en cada teatro al mismo tiempo; no bastan para sostener un despliegue aliado largo con relevos, que consumiría más de un grupo. Ese límite no lo resuelve ni siquiera la fuerza completa, y es mejor reconocerlo que descubrirlo en plena crisis.

10.4. Objetivo de fuerza: 60 lanzadores y para 2035

El objetivo completo cubre los tres teatros de ataque a tierra que España tiene que defender, más un margen de reserva que ningún ejército serio omite.

La novedad no es la cifra; es el plazo. El caso polaco demuestra que no hacen falta quince años para tener la fuerza en servicio. Polonia firmó su primer contrato en noviembre de 2022, recibió las primeras entregas en 2023 y a finales de 2025 había recibido 156 módulos. El ritmo coreano, una vez lanzado, ronda el medio centenar de módulos al año. La línea de Hanwha Aerospace no es el cuello de botella; lo son la firma y el dinero.

Con ese precedente, el calendario español realista termina en 2035.

10.5. La secuencia: comprar los primeros doce, fabricar el resto

La lógica de adquisición se resume en una frase. Se compran los primeros doce en Corea para alcanzar la IOC en 2030 sin fricciones; se fabrican en España los cuarenta y ocho restantes entre 2030 y 2035. Cuarenta y ocho lanzadores en cinco años son menos de diez al año, una quinta parte del ritmo polaco. No es una hazaña industrial; es una decisión presupuestaria sostenida.

La nacionalización no espera a que la fuerza esté completa. Se incorpora por capas, y el orden de esas capas es lo que da soberanía útil desde el principio.

La primera capa es el sistema de combate. Los doce lanzadores iniciales, aunque de fabricación coreana, deben integrarse desde su entrega en el mando y control español, el que Indra ya desarrolla sobre el K9, y en una arquitectura nacional de sensor-tirador. Polonia opera su K239 con el sistema TOPAZ de WB Electronics, no con el mando y control coreano, y Croacia ha seguido el mismo camino; esa es la pieza que cierra el ciclo y la que blinda frente a un veto de software ajeno. El mando y control es lo primero que se nacionaliza porque es donde más duele la dependencia.

La segunda capa son los sensores. El radar de localización de armas y los UAV de designación se integran en esa misma arquitectura desde el inicio, con material nacional o europeo y un lote puente si el calendario aprieta. Indra fabrica ya radares; integrar el segmento de contrabatería en el sistema de fuegos es un problema de ingeniería conocido, no una frontera tecnológica.

La tercera capa es el vehículo. Desde el primer lanzador fabricado en España, es decir, desde la unidad número trece, la plataforma monta chasis nacional o europeo, con Urovesa, Iveco o Rheinmetall MMV como opciones. El K239 es un sistema sobre ruedas, y eso hace la nacionalización del vehículo mucho más asequible que la del K9 de cadenas. Polonia lo montó sobre su camión Jelcz prácticamente desde el arranque.

Queda el núcleo. La autoridad de diseño sobre el cohete guiado y sobre el corazón de fuego del lanzador es la capa lenta; llegará después de 2035, incorporándose de forma progresiva a medida que madure la coproducción. Tener la fuerza en servicio en 2035 y su propiedad intelectual plena hacia el final de la década no es una contradicción. Es la secuencia correcta.

Hay dos condiciones en el contrato que no admiten rebaja: la ausencia de veto sobre el uso y el derecho a integrar munición de terceros. Sin ellas, el programa compra cohetes pero no soberanía, y eso hay que saberlo antes de firmar.

10.6. Dónde desplegar y dónde no

Teatro sur peninsular. La guarnición no es la posición de tiro. El Grupo II debe estar en profundidad, en el eje Córdoba-Sevilla, con conectividad viaria y ferroviaria y junto a la Brigada "Guzmán el Bueno" X. Desde ahí avanza a posiciones dispersas y móviles hacia el sur cuando la situación lo exige. Un lanzador 8×8 vale precisamente por eso, porque dispara y se mueve. Fijarlo en el Campo de Gibraltar sería renunciar a su única ventaja de supervivencia.

El RALCA 63 tiene hoy su base en Astorga y Ferral del Bernesga, en la provincia de León. Para una capacidad cuyo eje de amenaza es el sur, mantener toda la artillería de cohetes en el noroeste peninsular responde a la inercia de guarnición, no al planeamiento. La reconstitución es el momento natural para replantear esa ubicación; si no se hace ahora, no se hará nunca. La mudanza, sin embargo, no tiene por qué ser total. El grupo proyectable a la OTAN no necesita estar en el sur y puede quedarse en León, mientras el mando del regimiento y el grupo del teatro sur bajan al eje Córdoba-Sevilla. Así se corrige la inercia sin cerrar una guarnición, que es lo que suele bloquear estas decisiones.

Canarias: islas orientales, y con una decisión política detrás. El archipiélago exige capacidad residente por una razón geográfica insalvable: el refuerzo es lento. Reforzar Canarias significa mil quinientos kilómetros de mar o puente aéreo; lo que no esté allí el día cero tardará días en llegar, si es que llega. Los lanzadores se ubicarían en las islas orientales y con una decisión política detrás. El grupo canario solo tiene sentido si mira hacia África. Desde Tenerife, a unos 300 kilómetros de la costa más próxima, ni siquiera la CTM-290 llega al continente. Desde Fuerteventura, a un centenar de kilómetros del continente, la CTM-MR ya alcanza Tarfaya y, desde la costa sureste de la isla y en el límite de su alcance, El Aaiún, y la CTM-290 extiende el alcance hasta Tan-Tan y, en el límite, Smara. Gran Canaria, a algo más de 200 kilómetros de la costa más próxima, solo alcanzaría con el misil más largo la franja costera entre Tarfaya y El Aaiún, y nada del interior. Guelmim y Agadir, sede del mando de la Zona Sur de las FAR, quedan fuera de cualquier munición del sistema. La disuasión desde Canarias no amenaza el corazón militar marroquí; amenaza el Sáhara, que para Rabat es la causa nacional. Ese es su valor, y también su límite, un límite que cierra la munición de 500 kilómetros, que situaría Guelmim, a 374 kilómetros, y Agadir, a 464, dentro del alcance desde Fuerteventura.

Basar el grupo en la retaguardia lo reduciría a una sola misión posible, la de batir una cabeza de playa en las propias islas, y esa misión por sí sola no justifica dieciocho lanzadores. Por eso va a las islas orientales, Fuerteventura y Lanzarote, dimensionado en torno a la CTM-MR para la franja costera y la CTM-290 para la profundidad. El CGR-080 de 80 kilómetros no llega a África, pero no sobra: cubre esa misma misión de cabeza de playa, y ahí sí es la munición adecuada. Ucrania lo demostró en 2022 en la isla de las Serpientes, a unos 35 kilómetros de su costa; la combinación de fuegos desde tierra, drones y misiles contra sus buques de suministro hizo insostenible la guarnición rusa, que se retiró a finales de junio. Desde el centro de Fuerteventura, el CGR-080 cubre toda la isla y el sur de Lanzarote; desplegado en el norte, cubre Lanzarote entera. El grupo necesita, por tanto, dotación de las tres municiones, no solo de las dos largas.

Esto es disuasión por castigo, y conviene nombrarla así. A diferencia de la disuasión por negación, que busca impedir físicamente que el adversario logre su objetivo, la disuasión por castigo le amenaza con un coste superior a cualquier ganancia. España asume que cualquier acción marroquí contra el archipiélago pone en riesgo el propio sur de Marruecos, y restablece una reciprocidad que hoy no existe; Rabat ya podría batir las islas orientales, y Madrid no podría responder. La vulnerabilidad mutua que ello genera no es un defecto del despliegue; es su lógica. Fuerteventura, además, no es Melilla. Sus mil seiscientos kilómetros cuadrados dan profundidad para dispersar, ocultar y mover una unidad sobre ruedas, y su condición insular elimina el vector de asalto terrestre. Un grupo avanzado, disperso y móvil, sobrevive donde una batería en una plaza norteafricana no podría.

Un grupo que puede batir territorio marroquí plantea la pregunta de dónde se entrena. Ningún campo de maniobras peninsular admite tiro real a 160 o 290 kilómetros; el Atlántico al oeste del archipiélago puede alojar un polígono marítimo nacional que sirva también al resto de la fuerza.

Queda una pieza sin ubicar: la reserva de seis lanzadores. Colocarla en Gran Canaria no es un añadido cosmético. Gando, la base naval y el cuartel general de la Brigada Canarias reúnen buena parte del valor estratégico del archipiélago, y quedan fuera del alcance barato del grupo de Fuerteventura, porque el CGR-080 no llega y solo la CTM-MR y la CTM-290 alcanzan la isla desde las posiciones más favorables. Una reserva en Gran Canaria cubre esa franja con su propio CGR-080 contra un desembarco; queda fuera del alcance del PHL-03 marroquí, a más de 200 kilómetros de la costa africana, aunque no del PULS ni del HIMARS; conserva una capacidad de respaldo sobre El Aaiún con la CTM-290 y sirve de reposición inmediata para el grupo más expuesto de toda la fuerza. No es un cuarto elemento. Es la reserva de desgaste, colocada donde se va a desgastar.

Baleares. El archipiélago balear no es una misión de lanzacohetes. Su amenaza dominante es marítima y aérea, no de ataque a tierra, y se responde con una capa antibuque costera, del tipo del misil noruego NSM, y con defensa aérea. Hanwha presentó en 2024 una variante antibuque para el Chunmoo, pero es un desarrollo sin usuario declarado, mientras que el antibuque costero tipo NSM es una capacidad madura. Fijar en Mallorca una batería de un sistema escaso para una misión que otro arma cumple mejor confundiría la herramienta con la misión. Los fuegos profundos escasos se concentran donde deciden, y Baleares se defiende con el arma diseñada para su problema.

Ceuta y Melilla: excluidas. No hay profundidad. Ambas plazas caben enteras dentro del alcance de la artillería marroquí convencional. Basar allí un activo de fuegos profundos equivale a ofrecer un blanco de primer día, estático y sin posibilidad de dispersión. Las plazas se defienden desde la península y desde el mar, no convirtiéndolas en el estante donde se guarda el arma que el adversario más desea destruir. Un lanzacohetes en Melilla no protege Melilla; la señala.

10.7. Lo que cuesta

Los contratos publicados dan una horquilla amplia porque cada país compra un paquete distinto. Polonia pagó unos 3.550 millones de dólares por sus primeros 218 lanzadores con munición, una serie tan larga que abarata cada unidad. Croacia, 435 millones de euros sin IVA por 18. Noruega en torno a 1.600 millones de euros por 16 lanzadores con misiles de hasta 500 kilómetros, instrucción y sostenimiento: unos 100 millones por lanzador con todo incluido. Una serie española de 60 se situaría entre ambos extremos. Con vehículos de recarga, una dotación inicial de munición que incluya misiles largos, radares, drones, mando y control, defensa antidrón e infraestructura, la fuerza costaría entre 4.000 y 6.000 millones de euros sin IVA, repartidos entre 2026 y 2035, es decir, de 400 a 600 millones al año. Esa cifra no incluye la Fase D, el sostenimiento a lo largo de la vida del sistema ni el personal.

El personal es el coste que no aparece en ningún contrato. Tres grupos, la reserva, el mando del regimiento, la recarga, la logística y la defensa antiaérea de corto alcance exigen, en estimación propia, del orden de dos mil artilleros, en un Ejército que ya tiene dificultades para cubrir su plantilla de tropa. El programa del K9, con unos 3.760 millones sin IVA, sirve de comparación: la fuerza de fuegos de profundidad cuesta entre lo mismo y vez y media. Es mucho dinero, pero del mismo orden que una decisión que España acaba de tomar sin grandes debates. No es solo un problema de dinero. Es un problema de prioridad.

Hay además una razón financiera para fabricar aquí. Los préstamos europeos del instrumento SAFE exigen que al menos el 65 % del coste de los componentes proceda de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo o Ucrania. Un K239 comprado en Corea no cumple; uno montado en España, con chasis, mando y control y cohetes fabricados en Europa, puede acercarse. La Fase B no es solo política industrial; puede ser también la llave de la financiación.

10.8. Por qué la cantidad es lo que hace rentable la fabricación nacional

Aquí las dos decisiones, cuántos y quién los fabrica, se acoplan. Doce lanzadores no justifican una línea de producción nacional; se compran a Hanwha Aerospace y punto. Cuarenta y ocho lanzadores fabricados aquí, más varios miles de cohetes CGR-080 y varios centenares de misiles de largo alcance a lo largo de la década, sí la justifican. El objetivo de fuerza ampliado no es solo una necesidad militar; es la condición económica que convierte la industrialización española en algo racional en lugar de testimonial.

En paralelo a la fabricación del lanzador, la coproducción del CGR-080 replica el modelo de Gorzów, con Rheinmetall Expal como socio natural por su capacidad existente en propulsión y munición. Al final del proceso, España ensambla el lanzador sobre chasis propio, fabrica el cohete de 80 kilómetros y coproduce la munición de largo alcance, reservando la autoridad de diseño plena para donde es alcanzable. La soberanía se compra operando, no esperando.

La secuencia importa tanto como el contenido. Polonia demuestra que se compra primero, se opera después y se fabrica cuando se negocia desde la posición de usuario consolidado. Invertir ese orden es lo que garantiza llegar tarde. España lleva quince años llegando tarde.

 

11. No compremos doce lanzadores. Compremos una capacidad y rápido.

El K9 no decide por sí solo qué lanzacohetes necesita España. Pero cambia la ecuación, y la cambia en la dirección de la urgencia, no de la calma.

Hanwha Aerospace ya está dentro de la artillería española. Indra construye capacidad de diseño e integración en Gijón, con autoridad sobre la plataforma del K9. Rheinmetall Expal aporta conocimiento industrial en propulsión de cohetes. Las piezas están sobre la mesa; lo que falta no es industria, es la decisión de ensamblarlas en un programa coherente. El cuello de botella nunca fue la planta. Fue la voluntad.

Conviene enterrar de una vez la excusa del calendario. Polonia pasó de la firma a 156 lanzadores entregados en tres años; el ritmo coreano ronda el medio centenar al año. No hay ninguna razón industrial para que España tarde quince años en tener su fuerza. Hay razones presupuestarias, que son otra cosa, y son reversibles. El suelo técnico es 2035 y todo lo que se estire más allá es una elección política.

La secuencia es clara. Comprar los primeros doce en Corea para alcanzar la IOC en 2030; fabricar en España los cuarenta y ocho restantes hasta completar unos sesenta lanzadores en 2035. Los doce iniciales recuperan la presencia en el inventario. Los treinta y seis de la masa crítica permiten cumplir con la OTAN sin descubrir el Estrecho. Los sesenta convierten los fuegos de profundidad en un instrumento de disuasión creíble en los tres teatros de ataque a tierra que España tiene que defender: el sur peninsular, la fuerza aliada proyectable y la disuasión por castigo desde las Islas Canarias orientales.

La soberanía no espera a que la fuerza esté completa, pero tampoco la retrasa. El mando y control español y los sensores nacionales entran desde el primer lanzador; el chasis propio, desde el primero fabricado aquí. La autoridad de diseño sobre el cohete y sobre el corazón del lanzador es la capa lenta, y llegará después de 2035, incorporándose a medida que madure la coproducción. Tener la fuerza en servicio en 2035 y su propiedad intelectual plena hacia el final de la década no es una contradicción; es el orden correcto de las cosas. Y ese orden termina en una munición de 500 kilómetros fabricada en España y codesarrollada con Corea, que España podrá disparar y fabricar sin pedir permiso a nadie. Con ella, las bases aéreas de Kenitra y Sidi Slimane y la propia Casablanca quedan al alcance desde la guarnición de Sevilla, sin que el lanzador tenga que acercarse a la costa. Esa es la diferencia entre tener cohetes y tener disuasión.

España lleva quince años confundiendo recuperar una capacidad con disponer de ella. Firmar la Fase A en 2026 cierra la primera parte de ese error. Completar la fuerza en 2035, en lugar de aplazarla hasta 2040, cierra la segunda. Lo primero es una decisión técnica. Lo segundo es una decisión de voluntad.

Doce lanzadores recuperan los cohetes. Sesenta los convierten en disuasión. La diferencia no la marca Corea. La marca Madrid.

Serie "Defender España sin fantasías": 1. España no necesita el Leopard 2A8… ni el MGCS. 2. Desmontando la doctrina acorazada española.  3. El error de la brigada polivalente. 4. España no tiene un frente: tiene cinco teatros distintos. Art. 5. Después del SILAM, el K239 Chunmoo.

 

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